El Perú se ha comprometido a proteger los bosques amazónicos
y a disminuir la emisión de dióxido de carbono, pero el impulso que da a la
producción de palma aceitera en la Amazonia estaría restando fuerza a este
compromiso.
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Desvío de agua a causa de las plantaciones de palma aceitera
en Cotoyacu.
/ Vicariato de Yurimaguas, Loreto
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La producción de palma aceitera fue declarada de interés
nacional por el Estado peruano en el 2000, generando mayor interés en las
grandes inversiones, como es el caso del Grupo Romero y sus empresas Palmas del
Shanusi y Palmas del Oriente, en las regiones amazónicas de Loreto y San Martín,
respectivamente.
Loreto, la región con mayor cantidad de bosques en el Perú
(44%) con 32,451 hectáreas, viene siendo afectada por el cultivo a gran escala
de la palma aceitera, una de las principales causas de su deforestación, solo
las dos empresas mencionadas ya han talado 16,800 hectáreas de bosques
primarios hasta setiembre de 2015, más de tres mil veces el área de la Gran
Pirámide de Egipto, según datos del Proyecto de Monitoreo de los Andes
Amazónicos (MAAP, por sus siglas en inglés).
En la dirección de Comunicaciones de la empresa Palmas del
Shanusi afirman que no han deforestado el bosque primario porque cuando
iniciaron sus actividades no existía; eran áreas que ya habían sido
intervenidas. Eriberto Ruíz, presidente de las comunidades campesinas de
Cotoyacu, uno de los centros poblados de Loreto afectado por esta empresa
perteneciente al Grupo Romero los contradice: “Ellos han ingresado diciéndole
al mundo que no es bosque, que ya había sido trabajado, ¡eso es mentira!”
Según la ingeniera forestal Dhaynée Orbegozo, de la Agencia
de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la tala del bosque
primario por Palmas del Shanusi ha afectado la fertilidad del suelo en
Cotoyacu, ya que este tipo de bosque sirve de sombra, almacén de agua y
garantiza el equilibrio del ecosistema natural.
“Vivir aquí nos recalienta, ahora no se puede estar mucho
tiempo en la chacra. Habiendo tanta agua, por qué debemos morir de sed”,
reclama Ruíz.
En junio pasado, la Contraloría General de la República emitió
un reporte en el que advierte que la deforestación ha aumentado notoriamente en
Loreto por la expansión de los cultivos de palma aceitera (115% entre 2006 y
2013).
“La promoción del cultivo de palma aceitera en Loreto se
realiza sin que se hayan concluido sus procesos de zonificación ecológica
económica y ordenamiento territorial o se haya identificado y delimitado zonas
en las cuales sea permitido instalar dicho cultivo”, señala el documento.
Para los 200 pobladores de Cotoyacu, pueblo ubicado en el
valle del Shanusi, a 40 Km de Yurimaguas, también este tipo de cultivos
estarían afectando su acceso al agua para su aseo y sus propios cultivos.
Las aguas se irían hacia los campos de más de 7,000
hectáreas —20 veces el área total del Central Park de Nueva York— adjudicadas a
la empresa Palmas de Shanusi desde 2006 por el Gobierno Regional de Loreto.
“Un canal de 2,000 metros, que ha drenado las quebradas de
[los ríos] Yanayacu y Cotoyacu, afecta a las comunidades”, denuncia Ruíz. Sin
embargo, en la dirección de Comunicaciones de Palmas del Shanusi aducen que no
necesita de agua, porque el riego de las plantaciones se da con las lluvias.
Respecto a si las plantaciones de palma afectan la
disponibilidad de agua, el Grupo Palmas, perteneciente al Grupo Romero, señala
en su sitio web: “La disponibilidad del agua depende de la deforestación, o
grado de exposición que tenga la tierra a los rayos solares sin una protección
de capa vegetal que sirva de sombra y ayude a retener el agua; depende también
de la modificación de la topografía. La retención del agua depende
principalmente de estas dos condiciones y no del tipo de cultivo”.
Gustavo Suárez De Freitas, Coordinador del Programa de
Protección de Bosques del Ministerio del Ambiente, señala que la afectación de
los cauces naturales se debe a que para cultivar palma, o cualquier otro
monocultivo a gran escala, se mueve la tierra y eso afecta los cursos de las
aguas.
El caso Barranquita
Una historia similar ocurre con Palma del Oriente (empresa
Agrícola del Caynarachi S.A.) en el distrito de Barranquita, localizado en el
límite de las regiones de Loreto y San Martín. El área fue otorgada por el
Ministerio de Agricultura en 2005 y equivale a 3,000 hectáreas. En esta área
también se ha deforestado bosque primario, según el Monitoreo de Bosques
Amazónicos Andinos (MAAP).
La actividad de esta empresa produjo un enfrentamiento
judicial en 2010 cuando el entonces alcalde de Barranquita, César Soria,
demandó la nulidad de la adjudicación de tierras a la empresa Palmas del
Oriente por la afectación a los humedales alimentados por el río Caynarachi.
La demanda se basó en la Ordenanza Regional N°12 de 2006,
que establecía que el área no era apta para la agricultura a gran escala. Sin
embargo, luego el Tribunal Constitucional la desestimó porque el Estudio de
Impacto Ambiental ya había sido aprobado por el Ministerio de Agricultura.
Katherine Riquero, de la Dirección de Asuntos Ambientales
Agrarios del Ministerio de Agricultura, dijo respecto a los casos de Palmas del
Shanusi y Palmas del Oriente que “en relación al Grupo Romero no hemos iniciado
ningún proceso sancionador ni hemos recibido alguna denuncia”. Sin embargo, en
2013 la Fiscalía de Yurimaguas demandó a Palmas del Shanusi por delito contra
los recursos naturales por haber deforestado 500 hectáreas de bosques primarios
(húmedos tropicales).
La Contraloría afirma que “vacíos técnicos y normativos en
la promoción de los cultivos de palma aceitera han provocado el crecimiento en
la producción de dicho cultivo en Loreto, convirtiéndose en una de las
principales causas de deforestación en esa región”.
Según el informe “Deforestación por definición” de EIA, el
Grupo Romero tiene planeado desarrollar cuatro plantaciones más en Loreto:
Tierra Blanca, Santa Catalina, Manití y Santa Cecilia, que de aprobarse,
deforestarían 23,000 hectáreas más de bosque primario.
El impulso a la producción de palma aceitera por parte del
Estado, entraría en contradicción con la meta de deforestación cero para el
2021.
“Hay una meta que el Perú planteó en el 2009 y con ella nos
manejamos: que al 2021 tengamos deforestación cero, es una meta neta, es decir,
que se reponga aquello que se deforesta”, dijo en noviembre del año pasado el
ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
Asimismo, caminaría en sentido contrario al compromiso de
proteger la Amazonía asumido con Noruega en el 2014, durante la Cumbre del
Clima (New York), por US$300 millones. Por lo pronto, el Perú ya recibió de
Noruega los primeros US$5 millones.
Cada hectárea de bosque tropical alberga 380 toneladas de
carbono, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU. Si
se han deforestado 16,800 hectáreas entre las dos empresas del Grupo Romero,
sería un total de 6 millones 384 mil toneladas de carbono las que se han
emitido a la atmósfera. ¿Dónde quedan los compromisos asumidos por el Perú con
la comunidad internacional?
Suárez de Freitas indica que uno de los acuerdos con Noruega
es la implementación de políticas con las que se planea reducir a la mitad las
áreas sin categoría legal ni zonificación ecológica, que son más del 45% de
tierras en el país.
Así se evitarían casos como el de Cotoyacu o Barranquita en
que se entregaron tierras a una empresa privada, pese a que existían bosques
primarios.
La medida se comenzará a implementar el próximo año con los
primeros US$5 millones que Perú ha recibido, el resto se invertirá en otras
medidas para la protección de la Amazonía como la deforestación neta cero con
la que se alcanzaría la neutralidad en carbono para el 2021, es decir,
almacenar con la protección del bosque más carbono del que se pierde con la
deforestación.
“Ahora perdemos mucho más que lo que ganamos”, dice Suárez
De Freitas. Cotoyacu y Barranquita son muestras de ello.
Por Milton López Tarabochia.
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Este reportaje se
ha realizado con el apoyo de Comunicaciones Aliadas e Infostelle Peru e.V.
