Plataforma de O.T. presenta propuesta de Ley
La plataforma es un colectivo que viene impulsando el debate para promover la implementación de una política de ordenamiento territorial en el Perú. Los procesos territoriales deben ser orientados por el Estado, ya que el uso, la ocupación y la transformación del territorio no debe quedar en manos de particulares o de políticas sectoriales que no tienen una visión integral del territorio.
Líneas abajo adjuntamos la propuesta presentada el pasado 10
de julio del presente año en un desayuno de trabajo:La plataforma es un colectivo que viene impulsando el debate para promover la implementación de una política de ordenamiento territorial en el Perú. Los procesos territoriales deben ser orientados por el Estado, ya que el uso, la ocupación y la transformación del territorio no debe quedar en manos de particulares o de políticas sectoriales que no tienen una visión integral del territorio.
Documento Propuesta Ley OT [09.07.12][1]
Fundamentación(versión_final)[1] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferencia
Episcopal Peruana
COMUNICADO
“Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. (Rom 10,
15)
Con
esperanza en la buena voluntad y en el amor por el Perú, tanto de parte del
Gobierno Central, Regional y la población de Cajamarca, la Iglesia Peruana,
acompaña en estos momentos significativos y necesarios de reconciliación
nacional, donde Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM, invitado por el Gobierno
Central, será el facilitador del diálogo con las Autoridades de Cajamarca.
La
presencia y participación de Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Arzobispo
Metropolitano de Trujillo y Coordinador de la Provincia Eclesiástica, de la
cual la Diócesis de Cajamarca es integrante, así como la del Padre Gastón
Garatea SSCC, con la fraternal aprobación del Obispo del lugar, es un signo de
la cercanía de la Iglesia a todos sus fieles sobretodo en momentos en que
peligra la paz y la concordia nacional.
Mons.
Salvador Piñeiro, Presidente de la CEP, ausente del País, se une a todos los
fieles peruanos para pedir al Señor, por la intercesión de la Virgen del
Carmen, que conceda al querido pueblo de Cajamarca y al Perú, el don de la
ansiada paz, desde la reconciliación y la búsqueda del Bien Común.
Lima, 9 de julio de 2012.
+ Lino Panizza Richero OFM Cap + Pedro Ricardo
Barreto Jimeno SJ + José Carmelo Martínez Lázaro OAR
Obispo de Carabayllo Arzobispo Metropolitano de
Huancayo Obispo de Cajamarca
Secretario General Primer Vice-Presidente
Conferencia Episcopal Peruana Conferencia Episcopal
Peruana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota de Prensa
06
de julio de 2012
Urge una ley de Ordenamiento
Territorial que articule y armonice los instrumentos de planificación en el
Perú
Especialistas coinciden en que el Ordenamiento Territorial
debe tener un enfoque integral, participativo, descentralizado y debe ser a escala local y regional.
Los conflictos socioambientales,
degradación del ambiente y la pérdida de la riqueza natural y cultural son solo
algunos de los problemas críticos que
afectan seriamente al Perú ante la falta de una gestión eficiente del
territorio y sus bienes naturales por parte del Estado.
Hasta el momento los intentos políticos
de uso y ocupación del territorio han tenido una orientación sectorial,
desarticulada y muy poco integral, situación que ha dado lugar a desequilibrios
en el bienestar de la población.
En este contexto surge la necesidad de
contar con una política de ordenamiento territorial cuya implementación ordene
el territorio a fin de lograr un desarrollo más equilibrado, integral y
sostenible en nuestro país.
Así lo entiende la abogada y
coordinadora de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, Ana Leyva
Valera, quien durante el conversatorio “Ordenamiento
Territorial: Hacia una política de Estado que respete los derechos sociales”
organizado por Comunicaciones Aliadas el último jueves 5 de julio, expresó la
necesidad de articular los instrumentos de gestión sobre el territorio.
“Urge una ley de ordenamiento
territorial que contribuya a la gobernabilidad y a la gobernanza, y que ordene
el desorden en la legislación y la institucionalidad. Vale decir, una ley de
ordenamiento territorial que vincule y armonice los instrumentos de
planificación que permita una gestión más eficiente del territorio, y que parta
de sus potencialidades y sus limitaciones, su configuración actual y los
problemas que presenta”, refirió Leyva.
Asimismo, la coordinadora de la
Plataforma para el Ordenamiento Territorial cuestionó la existencia de
políticas sectoriales relacionadas a la gestión territorial que intervienen con
objetivos y motivaciones distintas, y que dejan de lado las dimensiones
sociales, económicas y ambientales, generando un enorme problema de
armonización entre las mismas.
Leyva Varela señaló que la Plataforma
para el Ordenamiento Territorial —colectivo integrado por 11 organizaciones de
la sociedad civil, entre ellas CooperAcción, FEDEPAZ, GRUFIDES, Red Muqui, Propuesta Ciudadana— impulsa una propuesta
de política de ordenamiento territorial en el Perú, a fin de lograr una gestión
eficiente del espacio con
una visión integral del territorio,
respetando la complejidad y diversidad del mismo, así como su pluriculturalidad.
La propuesta de la Plataforma plantea la
constitución de un régimen jurídico para articular la planificación del
ordenamiento existente bajo un sistema de planificación general; asimismo, que
permita ordenar las competencias y funciones de las distintas instancias del
gobierno que intervienen en el ordenamiento territorial.
Coincidiendo con esta propuesta, el
economista y exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
del Ministerio del Ambiente, Hugo Cabieses Cubas, señaló que una ley ordenamiento territorial debería ordenar el
caos legislativo, asimismo debe tener un enfoque integral, flexible,
participativo, siguiendo los principios de concertación, transversalidad y
subsidiariedad.
Además, recordó que en julio del 2011
ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Ollanta
Humala, señaló la importancia de realizar un Ordenamiento territorial. “El
presidente Humala ha asumido un compromiso y que debe cumplirse”, señaló.
De otro lado, Cabieses indicó que el
proceso de Ordenamiento Territorial debería depender del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
y no del Ministerio del Ambiente. “El ordenamiento Territorial no debe depender
del Ministerio del Ambiente, sino del CEPLAN, centro de planificación
estratégica. Esto quiere decir, reconstruir el esquema de planificación
estratégica que el Perú debe tener, donde un instrumento técnico político,
económico, cultural y geográfico es el ordenamiento territorial y la
zonificación ecológica - económica”.
Finalmente, señaló que serán la
consulta previa, el ordenamiento territorial, la zonificación ecológica y
económica, con un carácter obligatorio, y la constitución de un Ministerio del
Ambiente con autoridad sobre las inversiones públicas y privadas, elementos
claves para mitigar los conflictos socioambientales en el Perú.
...................................................................................................................................................................
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos ocurridos en Celendín, Cajamarca
05/07/2012
Ante
los lamentables sucesos acaecidos durante la tarde de ayer en la provincia de
Celendín, en los que perdieron la vida los ciudadanos Faustino Silva Sánchez (35),
José Eleuterio Rodríguez Rojas (46) y un menor de edad de iniciales G.C.M.A.
(17), y resultaron heridos 30 civiles y 3 efectivos de las fuerzas del orden,
la Defensoría
del Pueblo emitió un pronunciamiento en el cual expresa sus condolencias a
los familiares de los fallecidos, así como su solidaridad con todos los
afectados.
Asimismo,
señala que, desde ayer, un equipo de comisionados, dirigido por Agustín Moreno,
Jefe de la Oficina Defensorial de Cajamarca, se encuentra en Celendín,
desplegando acciones para contribuir a evitar que continúen los actos de
violencia, y para verificar la atención de los heridos y la situación de los
detenidos. "La Defensoría del Pueblo rechaza enérgicamente los actos de
violencia que han generado la destrucción de la propiedad pública y privada,
así como la utilización de armas que afectan a la vida y la integridad de las
personas. En ese sentido, exhorta a los ciudadanos y ciudadanas a dejar de lado
cualquier manifestación violenta".
Por
otra parte, insta a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial
a que lleven adelante todas las investigaciones que sean necesarias para el
esclarecimiento de estos hechos y la sanción correspondiente a los
responsables. También se señala que "Es necesario que todos actuemos con
lucidez, buscando, en todo momento, proteger la vida, la integridad y la
tranquilidad de las personas. Para cumplir este objetivo –que debe unir a todos
los peruanos– es necesario contar con mediadores calificados, como el Padre
Gastón Garatea, para que puedan facilitar el diálogo en Cajamarca. La
Defensoría del Pueblo reafirma su plena disposición a colaborar con el
restablecimiento de canales de diálogo y una solución pacífica a este
conflicto".
Para encontrar mayor información visite la página www.defensoria.gob.pe
Síganos en
Facebook y 
Twitter. Visite
y suscríbase a nuestro Blog
"Defiende tus derechos". Información producida por la Dirección de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo
Teléfono: 311-0300 anexo 4021
Jr. Ucayali 394 - 398, Lima
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARCO ARANA
ES DETENIDO EN CAJAMARCA
En circunstancias en que estaba
prestando declaraciones a medios de comunicación, el suspendido sacerdote Marco
Arana e integrante de la institución GRUFIDES ha sido detenido en Cajamarca y
golpeado brutalmente por policías, especialmente en los riñones, a
sabiendas que sufre de una enfermedad crónica en ellos.
Marco Arana ha sido llevado a la
Gobernación de Cajamarca primero y luego a la comisaría, donde se encuentra
privado de la libertad, sin orden judicial ni haber cometido delito alguno.
Hasta el momento no dan explicaciones sobre la detención y han agredido a su
abogada, Dra. Mirtha Vásquez, quien ha exigido su libertad inmediata.
Según su abogada, Marco Arana se
encuentra muy delicado por los golpes que ha recibido y por ello es urgente que
sea trasladado a un centro de salud para recibir atención médica especializada.
Desde CooperAcción, exigimos su
libertad inmediata y el cese de este tipo de actos que lo único que hacen es
polarizar aun más la situación en Cajamarca.
04 de julio de 2012
04 de julio de 2012
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Mayor
Información
Dirección: Calle Berlín 1353, Lima 18 - Perú
Teléfono: ++51-1 4440316 / 4465385
Se agradece reproducir la información citando la fuente.
Dirección: Calle Berlín 1353, Lima 18 - Perú
Teléfono: ++51-1 4440316 / 4465385
Se agradece reproducir la información citando la fuente.
Plataforma La Oroya por un cambio
Nota de prensa
N°40
Lima, 18 de junio de 2012
Contaminación del aire disminuyó notablemente en La Oroya
Desde hace 21
meses La Oroya ha dejado de respirar plomo, tras el cierre de las operaciones
de Doe Run Perú. La Oroya respira un aire más limpio, así lo confirman los
reportes de cumplimiento del estándar de calidad de aire (ECA) de esa ciudad,
estos resultados (2012) frente a lo que arrojaba el año 2007 reporta que los
niveles de contaminación por material particulado PM10 (partículas de desechos
como plomo, cadmio, arsénico, polvo y otros) han disminuido notablemente de
valores de 66.53 microgramos por decilitro (µg/dl) a 19.91.
Igualmente,
los índices de dióxido de azufre (SO2) en el aire han bajado de valores
aproximados de 1,177.33 µg/dl a 2.63 µg/dl. Estos datos han sido publicados por
la propia Doe Run Perú, quien desde el 2007 por mandato del Estado y para poder
medir el nivel de cumplimiento de sus compromisos ambientales, implementó un
sistema de monitoreo de calidad del aire.
El PM10 está
compuesto por partículas de menos de 10 micras de tamaño, estas partículas
pueden ser polvo o desechos tóxicos como emisiones de carbono, plomo, cadmio y
otros. Se ha comprobado que durante el 2007, 2008 y 2009, mientras el Complejo
Metalúrgico de La Oroya estaba en funcionamiento, el nivel de contaminación del
aire era alto y superaba el ECA para aire con el perjuicio que eso ha
significado para la salud de la población. Lo contrario viene sucediendo en
estos años que la fundición ha paralizado sus actividades.
Definitivamente
el mayor contaminador de La Oroya ha sido el Complejo Metalúrgico, dice Arturo
Alfaro, integrante de la Plataforma La Oroya por un cambio. El 99% de las
emisiones provenía de la fundición, de ahí la importancia de la construcción de
las plantas de ácido sulfúrico para cada circuito de concentrados de plomo,
zinc y cobre. Como se sabe, la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre
solo fue avanzada hasta el 57%. Como consecuencia, durante el periodo de
funcionamiento de la fundición a cargo de DRP, se siguió contaminando y
emitiendo gases cargados de SO2.
“El nuevo
operador tiene que garantizar que no se va afectar el ECA y que va tener
suficiente capital para culminar los proyectos que incluye la modernización del
circuito de cobre y la culminación de la planta de ácido sulfúrico”, dice
Alfaro.
Hay que
indicar que en el 2006, Doe Run firmó el “Plan de Acción para la mejora de la
calidad de aire de La Oroya” en el cual se consideraba que a finales de octubre
del 2009 se cumplirían el ECA si la empresa culminaba sus proyectos del PAMA.
La empresa aceptó el Plan pero no cumplió sus compromisos y se mantuvieron los
índices de contaminación.
Asimismo, hay
que tener en cuenta que el 2008, el Ministerio del Ambiente aprobó un nuevo ECA
para dióxido de azufre. Y para el 2014 el estándar será de 20 µg/dl y ya no el
de 80 µg/dl que está vigente desde el año 2001. Considerando que la
modernización del circuito de cobre y la construcción de la planta de ácido
sulfúrico está valorizado en más de US$ 160 millones de dólares, el nuevo
operador deberá considerar este nuevo ECA y debe considerar las inversiones
necesarias que ayuden a reducir las emisiones de SO2.
Está en manos
del Ministerio del Ambiente, a través del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), hacer que el nuevo operador del complejo
metalúrgico cumpla con los ECAs de aire y agua, para garantizar una mejor
calidad de vida a la población de La Oroya que ha sufrido más de 80 años
de contaminación.
Plataforma
La Oroya por un Cambio.
Plataforma La
Oroya por un cambio
Nota de prensa
N°39
Lima, 12 de junio de 2012
Modernización del
Complejo Metalúrgico de La Oroya será clave para reducir la contaminación
Con la
liquidación en marcha de Doe Run Perú (DRP), sale a flote una pregunta crucial:
¿Qué inversión tendrá que hacer el nuevo operador del complejo
metalúrgico para no contaminar La Oroya?
El
compromiso ambiental que se le deberá exigir al nuevo dueño es la ejecución de
un plan de acción que considere la modernización del complejo metalúrgico y el control
al 100% de las emisiones fugitivas. El nuevo operador deberá garantizar el
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental (ECAs) para aire y agua,
sobre todo ahora que los ECAs de aire se encuentran en su nivel más bajo en La
Oroya. Si lo comparamos con años atrás, en el 2007, la contaminación del aire
por material particulado PM10 (partículas de desechos como plomo, cadmio,
arsénico, polvo y otros) era de 66.53 µg/dl y el 2012 bajó, considerablemente,
a 19.91 µg/dl.
El
complejo metalúrgico procesa tres tipos de metales: plomo, zinc y cobre, según
su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), Doe Run Perú se
comprometió a construir tres plantas de ácido sulfúrico para los circuitos de
los metales mencionados. Hasta el 2009, DPR había cumplido con la
construcción de dos plantas para los circuitos de plomo y zinc. La planta para
el circuito de cobre sólo se avanzó en un 57%, esta sería la mayor inversión
que debió hacer la empresa para garantizar un medio ambiente limpio, pero no
cumplió.
Las
plantas de ácido sulfúrico son de vital importancia porque capturan el material
particulado, que contiene plomo, arsénico, cadmio y otros metales pesados,
antes que salga al ambiente y los precipita con agua. Al capturarlos convierte
a los gases en ácido sulfúrico, componente que la fundición reutiliza y
vende. Según información del Ministerio de Energía y Minas, las
inversiones estimadas para capturar al 100% los gases de los tres circuitos y
para la culminación de la Planta de ácido sulfúrico varían entre US$ 157.81 y
US$ 183.52.
Cabe recordar que la contaminación en La Oroya se ha
debido a las emisiones que desde la chimenea principal, ahora paralizada, se
emitían diariamente, contaminando con dióxido de azufre, plomo, cadmio y
arsénico, el aire, agua y suelo de la ciudad. El 2005, DRP fue notificado como
el macroemisor de estos contaminantes, pues contribuía con más del 90%.
Definitivamente ello afectó la salud de los pobladores de La Oroya, de las
comunidades y la agricultura desarrollada en la cuenca del Mantaro.
Son
conocidos los graves efectos en la salud de estos contaminantes, el dióxido de
azufre puede causar irritación de las vías respiratorias y ojos, exacerbar los
casos de bronquitis y asma y dañar severamente el sistema respiratorio a mayor
el tiempo de exposición, el plomo afecta el sistema nervioso central, reduce la
capacidad de aprendizaje y genera transtornos en la conducta, el arsénico y el
cadmio son cancerígenos pues atacan directamente los órganos blandos.
Plataforma La Oroya por
un Cambio.
Vida sana y trabajo digno para La Oroya"
NOTA DE PRENSA N°29-2012
Lima, 3 de abril de 2012
José de Echave: “Doe Run utiliza una estrategia de presión y chantaje abierto al Estado”
Frente a las condiciones que puso Doe Run Perú (DRP) al Estado Peruano para volver a operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya –según la segunda versión del plan de reestructuración- el ex viceministro del Ministerio del Ambiente, José De Echave señaló que Doe Run viene utilizando una estrategia de presión y chantaje abierto al Estado peruano, la cual es inaceptable para una empresa que por más de quince años no ha cumplido con la construcción de la planta de ácido sulfúrico, como parte de su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
El especialista en temas ambientales y uno de los voceros de la Plataforma La Oroya por un cambio sostiene que la nueva exigencia de Doe Run Perú para que el Estado peruano asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU) por los afectados de la contaminación en La Oroya contra Renco, no es más que una nueva maniobra de esta cuestionada empresa para evadir sus obligaciones ambientales con la población de La Oroya.
Indicó que a medida que se ha avanzando en el caso, los argumentos de Doe Run muestran el verdadero tipo de empresa que es, al que no le interesa los altos niveles de contaminación registrados en esa ciudad sino sólo aumentar sus ingresos sin velar por el medio ambiente ni por la salud de la población. “La presencia de Doe Run perjudica el futuro de La Oroya, por más de quince años no ha cumplido, y nada garantiza que ahora sí lo hará”, sostiene De Echave.
Con respecto a la iniciativa legislativa presentada por la Bancada Nacionalista, que fue aprobada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, y que en los próximos días, se decidirá en el Congreso de la República si se le amplía por 30 meses a Doe Run Perú el plazo para que cumpla con sus compromisos ambientales. De Echave advierte que sí el Parlamento aprueba este nuevo plazo, el reinicio de operaciones sólo sería viable mientras la Junta de Acreedores apruebe el Plan de Restructuración, el cual debe definirse a más tardar el próximo 12 de abril.
“El Congreso le da el marco legal, pero la que finalmente la define si vuelve a funcionar o no es el Plan de reestructuración, la cual señala el financiamiento, plazos, responsables y compromisos a cumplirse según un cronograma”, explico.
Para el ex viceministro del Ministerio del Ambiente, De Echave, hay muchas dudas de que la empresa vaya a cumplir con sus obligaciones ambientales, postergadas hace más de una década. “Si hoy pretende chantajear al Estado más adelante utilizará nuevas maniobras que la liberen de responsabilidad y no cumplan con la salud de la población. Necesitamos autoridades ambientales más fuertes contra este tipo de empresas”, finalizó De Echave.
Datos:
- El 27 de marzo del presente año venció el plazo de la segunda ampliación del PAMA de Doe Run Perú, dicho compromiso ambiental fue asumido en 1997.
- El pasado jueves 29 de abril, DRP presentó su plan de reestructuración ante la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, el cual ha sido severamente cuestionado, ya que exige al Estado que se encargue del proceso judicial interpuestas contra Renco ante la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación en La Oroya.
- En el Plan de Reestructuración de DRP, se señala que el inicio de las operaciones será a fines de junio, y no el 1 de mayo, como lo señaló en diversos comunicados públicos la empresa.
Plataforma La Oroya por un Cambio.
--
Mayor información:
Blog: http://laoroyaporuncambio.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/La-Oroya-por-un-cambio/112248535566889
Video Plataforma La Oroya por un cambio:
http://www.youtube.com/watch?v=ObhyKGoHfP4&context=C48d2e74ADvjVQa1PpcFMlV8IbeNS45qurG51pXdxFeK9QVr5trNc%3D
En el marco del Día Mundial del Agua
PRESENTAN VIDEO SOBRE GRAN MARCHA NACIONAL POR EL AGUA
El agua es un recurso vital y fundamental para la vida y el desarrollo de la humanidad. En el Perú es el tema central sobre el cual giran los conflictos socio-ambientales. El derecho a acceder a fuentes de agua de calidad y en cantidad suficiente, se está convirtiendo cada vez más en una utopía.
Urge por ello la necesidad de definir una verdadera política de gestión hídrica, de construir una gobernabilidad adecuada que garantice el cumplimiento del derecho humano al agua, que promueva una cultura del agua que revalore y recupere las costumbres de nuestros antepasados para cuidarla y preservarla, previendo además las necesidades actuales y futuras, tanto de los seres humanos como de los ecosistemas que le sirven de soporte.
La Gran Marcha Nacional del Agua, una de las movilizaciones más importantes que se ha realizado en el Perú, puso nuevamente en agenda pública los temas en torno a la problemática del agua. Su carácter propositivo y pacífico se mantuvo a lo largo de su recorrido durante 10 días, se inició el 01 de febrero en las altas lagunas de Cajamarca y culminó con un masivo desfile por las principales calles del centro de Lima.
Con el compromiso de continuar en la línea de la protección del recurso y del reconocimiento del agua como derecho fundamental, les presentamos el video de la Marcha del Agua, el que muestra el esfuerzo de las poblaciones del campo y la ciudad por proteger y defender el agua, en disputa con una empresa que pretende desarrollar un mega proyecto que amenaza con destruir sus fuentes de agua y limitar su libre acceso a la misma.
El video ha sido realizado por Docuperu, con el apoyo de CooperAcción y Catapa. Pueden verlo en http://www.youtube.com/watch?v=mEJ7OnXNdHk y los invitamos a difundirlo y a usarlo libremente como material informativo, en los espacios de reflexión en los que se desarrollen.
COOPERACCION: Lima, 22 de Marzo del 2012
Mayor Información:
Dirección: Calle Berlín 1353, Lima 18 – Perú
Teléfono: ++51-1 4440316 / 4465385
www.cooperaccion.org.pe
AGENDA MÍNIMA
POLÍTICAS INTEGRALES PARA FRENAR LA MINERÍA ILEGAL E INFORMAL EN NUESTRO PAÍS
La Red Muqui en los últimos meses viene planteando la imperiosa necesidad de que el gobierno asuma el compromiso de sacar adelante una agenda mínima que promueva cambios en las políticas, en la normatividad y en el marco institucional de la gestión ambiental y minera. De tal manera, que sea posible en el corto plazo prevenir los conflictos socio ambientales, atender las demandas sociales frente a los impactos negativos de la actividad minera y, regular y reorientar la industria minera hacia un nuevo rol en el desarrollo del país.
Uno de los ocho puntos de lo que la Red Muqui denomina LA AGENDA PENDIENTE -presentada en diciembre del año pasado- hace referencia precisamente a la urgente necesidad de enfrentar la expansión de la minería ilegal e informal con la implementación de políticas integrales. Hoy, en el contexto de la reciente promulgación de normas orientadas a la erradicación de la minería ilegal y, frente al nuevo escenario de conflictos relacionados con este sector, la Red Muqui pone de manifiesto lo siguiente:
1. La minería ilegal e informal, tanto artesanal como de pequeños productores, se caracteriza por su expansión acelerada en varias regiones del país, debido a la ausencia del Estado, a la falta de oportunidades de trabajo y de ingresos, así como a los altos precios internacionales del oro. En muchos casos, poderosos intereses económicos alientan esta situación con el fin de sacar provecho de la informalidad. Esta situación ha generado graves impactos sociales y ambientales como la explotación del trabajo infantil, trata de personas, problemas de salud pública, contaminación de fuentes de agua y degradación de ecosistemas. En consecuencia, la minería ilegal e informal constituyen otra fuente de conflictos socioambientales, que no está siendo adecuadamente tratada por el Estado.
2. La normatividad sólo referida a la penalización, erradicación y fiscalización es insuficiente y puede ser ineficaz para avanzar en la solución de este problema. La complejidad de la minería ilegal e informal debe ser atendida integralmente por el Estado con la finalidad de frenar su expansión; regularla cuando la actividad minera sea posible y cuando no sea así de reorientar la participación de los pequeños productores y trabajadores ilegales, hacia oportunidades de producción y empleo alternativas. Esto, con base en la identificación y reconocimiento de sus agendas legítimas.
3. En este marco es necesario y urgente adoptar medidas como:
• Revisar las concesiones para minería a pequeña escala a fin de identificar aquéllas que se superponen sobre otros derechos de uso (concesiones agrícolas, forestales y/o de turismo) y determinar el cese del derecho minero otorgado en Áreas Naturales Protegidas y en otros territorios con restricción de actividades extractivas.
• Priorizar e impulsar los procesos de ordenamiento territorial participativos en aquellas provincias donde se tiene identificada la realización de la minería a pequeña escala, contando para ello con el liderazgo de los gobiernos regionales y locales. De esta manera, se podrá determinar dónde es posible realizar minería a pequeña escala y dónde no.
• Implementar efectivamente el Plan Nacional de Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, actualmente descuidado por el Estado, asegurando que las instituciones cuenten con recursos técnicos y financieros y garantizando además, la implementación de sistemas ágiles y adecuados que permitan a los mineros informales ajustar sus operaciones en los aspectos legales, técnicos, de seguridad, salud ocupacional y de protección ambiental.
• Garantizar apoyo técnico a los mineros de pequeña escala para que, como parte de su proceso de formalización en zonas autorizadas, incorporen tecnologías limpias a sus prácticas productivas, de tal manera que permitan incrementar su rentabilidad y erradicar el uso del cianuro y del mercurio. Esto último como parte de una campaña nacional de prohibición del uso del cianuro y el mercurio en la actividad minera
• En aquellos lugares donde los mineros ilegales deben ser retirados, apoyar la reconversión económica y laboral de los productores y de los trabajadores respectivamente, a través de un programa intersectorial que ponga énfasis en estrategias de desarrollo rural. La minería informal a pequeña escala es una actividad de sobrevivencia; en consecuencia, su tratamiento exige la implementación de programas sociales y de diversificación productiva que generen oportunidades y condiciones para una vida digna.
• Dentro de una estrategia intersectorial y desde el Estado, desarrollar acciones de erradicación del trabajo infantil y adolescente en minería, así como de la explotación sexual infantil y adulta. Del mismo modo, adoptar medidas que garanticen el trabajo digno y la protección a toda la población vulnerable.
• Fortalecer a los gobiernos regionales para un efectivo ejercicio de sus funciones de regulación y fiscalización. Esto significa el relanzamiento del Programa de Apoyo a los Gobiernos Regionales (APOGORE), de tal manera que el Estado asegure las condiciones básicas para su implementación. En este sentido, es clave que el gobierno central, a través del MEF, facilite y viabilice la ejecución de proyectos para reducir la minería ilegal e informal en sus territorios.
• Erradicar el “mercado negro” que interviene detrás de la minería ilegal e informal, identificando y penalizando a los financiadores y a los operadores, proveedores de insumos, que intervienen en la cadena de producción y a los acopiadores e intermediarios que comercializan el oro.
• Fiscalizar la comercialización del oro desde la demanda, introduciendo un sello de calidad ambiental, evitando de este modo que su producción en condiciones ilegales entre a los circuitos legales de la compra y venta del oro.
• Incorporar, como requisito para la autorización de la actividad minera a pequeña escala, los estudios ambientales territoriales, como base para implementar los Planes de Manejo y Adecuación Ambiental. Los estudios deben ser realizados por el Ministerio de Energía y Minas y los planes cofinanciados tanto por los pequeños productores mineros y mineros artesanales, como por el gobierno central.
• Implementar programas de recuperación ambiental de las zonas degradadas por la actividad minera informal, con responsabilidad central del Estado y contando con la participación de los mineros artesanales y pequeños productores.
Ante los lamentables hechos de violencia y la pérdida de vidas humanas en la ciudad de Puerto Maldonado, reafirmamos nuestra exigencia en el uso de las formas democráticas para el tratamiento de los conflictos socioambientales. La postergación del diálogo no hace sino trabar la solución de las demandas sociales. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el respeto por los derechos humanos mientras que las organizaciones de los mineros tienen la tarea de encauzar sus demandas a través de los canales democráticos que amparan las leyes del país.
Red Muqui
Lima, 20 de Marzo del 2012
Muqui "Red de Propuesta y Acción"
Página web: www.muqui.org
Email: prensa@muqui.org
Av. Julio C. Tello 215 - D, Lince
Teléfono: 265-0534
NOTA DE PRENSA N°11-2012
Lima, 1 de marzo de 2012
“Los niños y mujeres de La Oroya van a pagar las consecuencias de las decisiones del Estado”
Lima, 1 de marzo de 2012
“Los niños y mujeres de La Oroya van a pagar las consecuencias de las decisiones del Estado”
Directora de Filomena Tomaira advierte las consecuencias en caso se le renueve la ampliación del PAMA a Doe Run Perú. Los más vulnerables son las mujeres y niños.
Esther Hinostroza Ricaldi, directora de Filomena Tomaira Pacsi, ONG que trabaja desde hace 20 años en la región Junín en temas de mujer y niñez afectados por las malas prácticas empresariales de las empresas mineras, muestra su preocupación por la posible ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run Perú, y señaló que los más afectados con esta posibilidad serían las mujeres y niños de esta ciudad.
La organización Filomena Tomaira trabaja con la mujer minera en la región Junín desde 1992, fue testigo de la venta de Centromín en 1996, y de la falta de compromiso de parte de Doe Run Perú con cumplir con sus obligaciones ambientales con la ciudad. Esta institución ha realizado exámenes de sangre y descarte de anemia a la población y conoce muy bien los perniciosos efectos en la salud que por muchos años ha causado la cuestionada empresa.
“Diversos estudios demuestran que la intoxicación con plomo perjudica principalmente a la mujer y al niño, que son los más vulnerables”, así también lo comprobaron cuando esta organización promovió diversas iniciativas en prevención y cuidado en la salud. Comenta que a las mujeres les afecta su salud reproductiva, producen infertilidad, causan abortos espontáneos y tienen relación con malformaciones congénitas. Los niños son los más perjudicados ya que sufren de diversos males relacionados con el cáncer, daños irreversibles en el sistema nervioso y el cerebro, padecen afecciones respiratorias y disminuye su calidad de vida”, así lo señaló Hinostroza Ricaldi.
“En 1999, en coordinación con otras instituciones, hicimos un estudio en La Oroya y los resultados arrojaron que la población tenía hasta 55 microgramos por decilitro (ug/dl) de plomo en la sangre, cuando el máximo nivel de riesgo máximo permitido es 10, debido principalmente a la permanente actividad de Doe Run, sostiene Hinostroza.
Agregó que el Estado peruano tiene la obligación de proteger la salud de la población y velar por el derecho a una vida digna, por encima del derecho de la empresa, protegiendo el medio ambiente y garantizando el respeto a todos sus habitantes.
Esther Hinostroza manifestó que “si no hay fuerza ni principio de autoridad, nuevamente Doe Run contaminará La Oroya, y todos los que vivimos allí pagaremos las consecuencias de una mala decisión del Estado que no se pone del lado de la población”.
Asimismo, señaló que se ha “desmitificado” lo señalado por esta empresa ya que la actividad económica continúa en esta ciudad gracias al comercio y la presencia de otras
empresas mineras en la región. “No hay ningún pueblo fantasma, somos gente que trabaja, pero ahora sin contaminación”, dijo.
Plataforma La Oroya por un Cambio
Nota de Prensa Nº25/13-03-2012/PASSDIH/ARZ-HYO
Monseñor Pedro Barreto recomienda a Congresistas no aceptar la propuesta de ley que amplía la irresponsabilidad de Doe Run Perú
Ante la insistencia de la empresa Doe Run Perú (DRP) para que el Estado les otorgue una nueva ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Medio Ambiental (PAMA), Monseñor Pedro Barreto Jimeno S.J, Arzobispo Metropolitano de Huancayo, saludó la posición firme del Estado en hacer pública su postura en el respeto de las normas legales vigentes. “Saludo la posición firme que hasta el momento viene tomando el Estado, de exigir a la Empresa Doe Run Perú cumpla con las normas legales para proteger los derechos fundamentales de la población de La Oroya y la región Junín”.
De la misma manera Monseñor Pedro Barreto hizo un llamado a los Congresistas de la República para no aprobar el Proyecto de ley N°636 que permitiría esta ampliación, cuando lo urgente es proteger la vida, la salud y el trabajo digno de la población de La Oroya y la región Junín.
Al respecto, voceros del gobierno han señalado que no aprobarían una nueva ampliación del PAMA de esta empresa. El Premier (en entrevista al programa Sin Medias Tintas, Frecuencia Latina 04 de marzo de 2012) ha señalado que “no se debería dar la ampliación del PAMA de la DRP porque ya se ha demostrado que se esta contaminando y porque genera desconfianza”. Del mismo modo el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal (El Comercio 12 de marzo de 2012), anunció que el Gobierno no dará más prórrogas a la empresa metalúrgica para que cumpla con la ejecución de su PAMA.
En ese sentido, los propios empresarios han manifestado su disconformidad con el pedido de la empresa DRP, hay desconfianza expresa. Recordemos que el 30 de enero del 2010 la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expulsó a esta empresa [DRP] por incumplir con su PAMA, lo cual le generaba al gremio una mala imagen de irresponsabilidad social.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró, “No hay ninguna razón para que una empresa de esa magnitud, que ha venido incumpliendo sus compromisos año tras año, casi desde el comienzo de la entrega de la refinería, tenga que recurrir a una argucia de la legislación estadounidense para demandar al Perú, es una amenaza total al país y es el tipo de empresas que no queremos tener”, declaró a la agencia Andina el pasado 26 de febrero.
Teniendo en cuenta este panorama, el Arzobispo de Huancayo señaló que “no hay que ser sordos ni ciegos para seguir creyendo en una empresa que no ha demostrado voluntad para cumplir con sus compromisos sociales ni ambientales”.
Como se recuerda, la empresa dejó de operar en junio del 2009, ese mismo año, en el mes de diciembre, la calidad del aire en La Oroya había mejorado notablemente. La concentración del dióxido de azufre (SO2) se ha reducido en un 99.5%, y la presencia del plomo en material particulado (PM10) ha disminuido en un 98.8%, tal como lo demostró el Monitoreo comparativo de calidad del aire del Proyecto El Mantaro Revive, realizado a fines del 2009.
Respecto a la salud, según los resultados de los censos hemáticos realizados en La Oroya, por el Convenio Minsa - Doe Run Perú y el Gobierno Regional de Junín en 2008, con el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) en actividad, solo el 5.91% de los evaluados tenía niveles menores a 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg/dl). Mientras que en noviembre del 2011, con más de dos años de paralización del CMLO, el 52.9% de evaluados tiene niveles menores a 10 µg/dl de plomo en sangre, tal como publicó el diario Correo de Huancayo, el 30 de diciembre de 2011.
Doe Run ha incumplido el PAMA en el 2006 y 2009, el Estado le permitió una prórroga para evitar la paralización del complejo y salvaguardar el empleo de sus trabajadores, una más será letal.
Con el ruego de su difusión
Más información
Héctor Bonilla Espinal: 964696902/ (Oficina) 064-798542 RPM #151538
Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) - Arzobispado de Huancayo
Más información
Héctor Bonilla Espinal: 964696902/ (Oficina) 064-798542 RPM #151538
Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) - Arzobispado de Huancayo
Proyecto minero Toromocho dinamiza la economía de La Oroya
INFORME
Escribe Juana Gallegos
La entrada a la ciudad de La Oroya nos remite inmediatamente a su naturaleza minera. Bordean la carretera breves tramos de comercio, intercalado con los antiguos campamentos mineros de la CENTROMÍN Perú, las refinerías paralizadas de cobre y plata de Doe Run Perú y los oxidados ferrocarriles de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú, una hilera de bancos con cajero automáticos y más mercadillos en las calles. Han pasado más de mil días de paralización del complejo metalúrgico de Doe Run y contrariamente a lo que se dice, La Oroya no es una ciudad fantasma.
El movimiento económico no ha cesado en La Oroya, la ciudad mantiene el perfil de una ciudad minera. Las principales calles y avenidas están gobernadas por el comercio: restaurantes, centros comerciales, tiendas, pollerías, cabinas de internet, hospedajes, clínicas dentales, bancos, farmacias. La ciudad se divide entre los que consideran que la economía se ha visto deprimida desde que las maquinarias de la empresa Doe Run han parado, y hay quienes dicen que el movimiento económico se viene recuperando, tras el bajón que sufrieron durante el primer año de paralizada la fundición, pero que con el proyecto minero Toromocho de Chinalco, en Morococha, ubicado a solo 30 minutos de La Oroya se ha revitalizado la economía en la zona.
“Ha bajado el movimiento comercial pero no hasta el extremo de convertirse en una ciudad fantasma. Se ha demostrado que La Oroya ha mantenido su movimiento comercial ya que la ciudad es una especie de puerto terrestre de la región. La gente que viaja a Huancayo, a Cerro de Pasco hace una parada en La Oroya”, dice Edwin González secretario ejecutivo de la Red Muqui. En la zona llamada Marcavalle, en la entrada de la ciudad, se ha incrementado el servicio de alojamiento. Hostales y hoteles de todo precio se distinguen al lado de restaurantes y video pubs. Este tramo de la ciudad es conocida como La Oroya Nueva y aquí han crecido considerablemente los negocios de todo tipo. Hay mueblerías, cabinas de internet, mayoristas de abarrotes, más pollerías, sucursales de cadenas de farmacias como Arcángel e Inkafarma. Un gran cartel con el logotipo de Claro da la bienvenida a la ciudad. En las azoteas de las casas, de tres y cuatro pisos, hay antenas de servicio de cable satelital como DirecTV y Claro. El taxista que nos transporta no niega que las ganancias hayan bajado desde que se cerró el complejo metalúrgico, sin embargo dice que La Oroya se está recuperando, que hay otros proyectos mineros que están “levantado la ciudad”.
Miguel Huayne es presidente de la Cámara de Comercio de La Oroya y fue abogado del área legal de Doe Run, dice que el 2009, cuando se cerró el complejo metalúrgico el movimiento económico bajó en un 70%. “Cada año los comerciantes de La Oroya pierden 50 millones y, del mismo modo, el Estado deja de percibir 500 millones de dólares en impuestos”, dice y agrega: “Se fue el banco Interbank, la cadena Medifarma, cerraron varios negocios que prestaban servicios a Doe Run como los de venta de insumos de seguridad, manufactura de uniformes, botas, cascos, lavanderías, entre otros”. Sin embargo, en el mercadillo de La Oroya la sensación es diferente. Un vendedor de ropa nos muestra su diario de venta y nos dice que gana entre 1,800 a 3,400 soles diarios netos. Tiene un puesto en la feria que tres veces por semana ocupa un lado de la ciudad. El vendedor es huancaíno y nos dice: “si no habría negocio no vendría a vender aquí. Gano tan igual como antes”.
Nadie niega que la reactivación del complejo vaya a devolver la dinámica económica a la ciudad, sin embargo, en la provincia de Yauli, donde se ubica La Oroya, se desarrollan otros proyectos mineros como el de la minera Chinalco. A partir de las 5 de la tarde se ven llegar a La Oroya, buses, cousters y camionetas 4x4 transportando personal de la mina. A media hora de la ciudad, en las laderas de los cerros, se está construyendo la nueva ciudad de Morococha. Hasta aquí serán trasladadas las familias de la antigua Morococha debido a que el pueblo se encuentra ubicado sobre las reservas del proyecto minero Toromocho. Este proyecto ha empleado a más de 2,500 trabajadores de construcción civil para levantar la nueva ciudad que contará con colegios, centros médicos, edificios municipales, centros de recreación y cuya inversión es de 50 millones de dólares.
Toromocho se proyecta crear 7,500 empleos indirectos y 5,000 más en la etapa de construcción de la mina. Alrededor del asentamiento minero están naciendo negocios de construcción, minimarkets, servicio de transporte, fuentes de soda, bodegas. En Morococha Antigua hay cajeros automáticos y locutorios telefónicos. En La Oroya, los dueños de las ferreterías, hoteles, restaurantes ubicados en la entrada de la ciudad dicen que Morococha los está beneficiando, y que ha contribuido a reflotar la ciudad.
“El proyecto minero Toromocho está dinamizando la economía de La Oroya. Como todo proyecto minero tiene una gran inversión y genera movimiento económico a la ciudad”, dice Edwin González y agrega que “la fundición es positiva para La Oroya siempre y cuando se cumplan compromisos previos como el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, que ha sido postergado por la empresa dos veces, que ahora intenta una tercera ampliación”.
En La Oroya, la minería es la principal fuente de trabajo
El Complejo Metalúrgico de La Oroya ha dominado la vida económica de la provincia desde 1929 y hoy, los trabajadores de la fundición representan el 10% de la PEA. 3,500 trabajadores continúan marcando tarjeta aunque la fundición esté paralizada y ganan el 70% de su sueldo. Sin embargo, en la provincia de Yauli (La Oroya), otras empresas mineras también emplean a centenares de trabajadores mineros de la región y de otras partes del país. La minera Volcan, por ejemplo, tiene cuatro minas en Yauli, en los distritos de Carahuacra, San Cristóbal, Andaychagua, Ticlio y Zoraida, y da empleo a 2,623 personas. La Compañía Minera Argentum tiene minas de zinc, oro y plata en Morococha y emplea a 1,168 personas.
González considera que “es un mito que si los trabajadores no son reinsertados, se cae la ciudad. Es un mito que ha levantado la empresa para presionar a los trabajadores para asumir sus intereses y para engatusar a la población. Muchos han sido absorbidos por el proyecto Morococha de Chinalco y otras empresas mineras”, señala.
“La empresa debe cumplir con el PAMA, que pague las multas y deudas que tiene con el Estado, que resuelva los problemas de salud y medio ambiente”, finaliza González.
Publicado en: http://laoroyaporuncambio.blogspot.com/2012/03/proyecto-minero-toromocho-dinamiza-la.html
Esta Carta esta dirigida a Iván Lanegra
Vice-ministro de InterculturalidadMinisterio de Cultura
NOTA DE PRENSA N°14-2012
Lima, 05 de Marzo de 2012
Mesa de Diálogo de Mujeres de La Oroya:
“La salud de las mujeres de La Oroya no debe estar por debajo del interés económico de una empresa”
El pronunciamiento hace especial énfasis en el derecho de la salud reproductiva de las mujeres de La Oroya
Mujeres de la provincia de Yauli, La Oroya, alzaron su voz de protesta. A través de un pronunciamiento representantes de diferentes organizaciones sociales agrupadas en la Mesa de Diálogo de las Mujeres de la Provincia de Yauli rechazaron la posible ampliación del Programa de Adecuación Medio Ambiental PAMA de Doe Run Perú. “Convencidas de nuestros derechos a una vida digna, no podemos callarnos ante la solicitud de la tercera ampliación del PAMA, rechazamos el proyecto de ley del congresista Casio Huaire, que le permitiría volver a operar a Doe Run afectando la salud de los pobladores, sin respetar el medio ambiente, y que sólo beneficiaría a la empresa, señalan.
El pronunciamiento hace especial énfasis en el derecho de la salud reproductiva de las mujeres. “Estamos a favor de que la empresa Doe Run Perú reinicie sus actividades, Sí y sólo Sí, de manera previa cumpla con el PAMA. De lo contrario volveremos a tener los altos índices de contaminación, donde las mujeres, niños y niñas seremos las más afectadas. Como ya está comprobado los impactos de la contaminación son distintos y graves particularmente durante el embarazo, debido al efecto del plomo en el sistema reproductivo”, señala el comunicado.
Así este grupo de mujeres exigieron que se respete el derecho a una salud reproductiva adecuada, “que nos permita tener hijos e hijas sanas si así lo deseamos, por tanto el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y la vida digna. La salud de las mujeres de La Oroya no debe estar por debajo del interés económico de una empresa como es Doe Run Perú”.
En vista de que en breve el Congreso de la República discutirá la propuesta a favor del complejo metalúrgico (donde se encuentra la fundición con su enorme chimenea de 164 m.) La Mesa de Diálogo de las Mujeres de la Provincia de Yauli cuestionó la iniciativa legislativa promovida por el congresista Huaire Chuquichaico, representante de la región Junín. “Rechazamos la actitud del congresista Casio Huayre de presentar el Proyecto de Ley 636-2011, en donde se le deroga las multas, indemnizaciones y sanciones pendientes a la empresa. Como si la salud de las/os pobladores de la Oroya no valiera nada, este proyecto de ley continuaría otorgando privilegios a Doe Run Perú, una empresa que no ha sabido respetar la salud de las mujeres, niños, niñas y que no cumple con las normas ambientales del país”, puntualiza el comunicado.
Finalmente, señalan que la sostenibilidad de la vida va primero que los negocios, y que hay una gran voluntad del pueblo de La Oroya por llegar a un acuerdo que busque soluciones dignas y durables al histórico problema de la contaminación en La Oroya.
Como es de conocimiento público, diversos estudios realizados en la zona demuestran que la emisión de gases tóxicos en La Oroya ha impactado en la salud de las poblaciones más vulnerables, como niños y mujeres, la absorción de metales como: plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, que afectan los riñones, causan abortos espontáneos, cáncer, incremento de presión sanguínea, anemia, enfermedades de la piel, debilidad, fracturas, daño al sistema inmune, daño al sistema nervioso, entre otros.
Plataforma La Oroya por un Cambio.
ARZOBISPADO DE HUANCAYO
PRONUNCIAMIENTO
Sí, a la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, sólo después del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
que asegure la vida, la salud y un trabajo digno.
“Si permanecen fieles a mi palabra… conocerán la Verdad y la Verdad los hará libres” (Jn. 8,31). La Iglesia Arquidiocesana de Huancayo, en fidelidad a las palabras de Jesús manifiesta al Gobierno Central, Congreso de la República, Gobierno Regional de Junín y a la opinión pública, lo siguiente:
1. Noticias de vida que dignifican a la persona. Al mes de diciembre del año 2011, con el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), paralizado desde junio del año 2009:
a. La calidad del aire en La Oroya ha mejorado notablemente. La concentración del dióxido de azufre (SO2) se ha reducido en un 99.5% y la presencia del plomo en material particulado (PM10) ha disminuido en un 98.8%. (Monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Revive, diciembre 2009).
b. Respecto a la salud, nos alienta saber que según los resultados de los censos hemáticos realizados en La Oroya, por el Convenio MINSA-Doe Run Perú y Gobierno Regional de Junín en el 2008, con el CMLO en actividad, indican que solo el 5.91 % de los evaluados tenían niveles menores a 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg/dl). Mientras que en noviembre del 2011, con más de dos años de paralización del CMLO, el 52.9% de los evaluados tienen niveles menores a 10 µg/dl de plomo en sangre (Diario Correo de Huancayo, 30 de diciembre del 2011).
2. Irresponsabilidad que indigna. La empresa Doe Run Perú (DRP), por segunda vez (2009), obtuvo una ampliación de 30 meses para cumplir con el PAMA, sin embargo, de manera reiterada, no ha cumplido con sus obligaciones ante el país. Por eso nos indigna que, con estos antecedentes, solicite nuevamente al Estado Peruano una nueva ampliación de 30 meses más, que volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población.
3. Ante la solicitud de una tercera ampliación del PAMA no podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad.
4. En este tiempo de conversión y solidaridad que es la Cuaresma, el Papa Benedicto XVI nos recuerda que: “Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que, por respeto humano o por simple comodidad, se adecúan a la mentalidad común, en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien” (Mensaje de Cuaresma 2012, No. 1).
5. En consecuencia la Iglesia Arquidiocesana de Huancayo reafirma: Sí, a la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, sólo después del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que asegure la vida, la salud y un trabajo digno.
Huancayo, 29 de febrero de 2012
Arquidiócesis de Huancayo
Nota de Prensa Nº24/14-02-2012/PASSDIH/ARZ-HYO
Ante el mal, no podemos callar
Arzobispado de Huancayo apoya el reinicio del Complejo Metalúrgico de La Oroya, sólo si se cumple con la implementación del PAMA
Ante el anuncio del posible reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLP) el Arzobispado de Huancayo en Conferencia de Prensa difundió un pronunciamiento en el que señala estar de acuerdo con el reinicio de sus operaciones siempre y cuando se cumpla con la implementación del PAMA, y de este modo se asegure la vida, la salud y un trabajo digno de los trabajadores y la población.
En el pronunciamiento se indica que el cumplimiento del PAMA es esencial para la reactivación del CMLO, porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de toda la región.
Al respecto Monseñor Pedro Barreto Jimeno, S.J., Arzobispo de Huancayo, enfatizó que no se puede negociar cuando se trata de la vida y la salud de los trabajadores y la población de La Oroya ya que se estaría vulnerando los derechos fundamentales del ser humano.
“La empresa Doe Run Perú al momento de adquirir el CMLO se comprometió que en 10 años culminaría con el PAMA, sin embargo hasta la fecha no lo ha cumplido. El PAMA no va a eliminar toda la contaminación de La Oroya, pero sí contribuiría a mejorar las condiciones para una vida digna de la población. Es por ello que en defensa de la vida, no podemos permitir el reinicio de las operaciones [del CMLO] cuando se continuaría afectando a los trabajadores y a la población misma”, puntualizó Monseñor Pedro Barreto.
En el pronunciamiento se menciona que durante la paralización por más de dos años del Complejo Metalúrgico de La Oroya, la calidad del aire ha mejorado notablemente ya que el dióxido de azufre (SO2) y la presencia de plomo en el material particulado ha disminuido en más de 98%, esto según los estudios realizados por el proyecto El Mantaro Revive. Del mismo modo se señala que el 52% de la población oroína ha disminuido los niveles de plomo en sangre, según el último censo hemático realizado por el convenio MINSA-Doe Run Perú y el Gobierno Regional de Junín en el 2011.
En ese sentido, Monseñor Barreto hizo un llamado al Gobierno Central, al Congreso de la República, el Gobierno Regional y a los gobiernos locales, así como a la sociedad civil, para dialogar y aportar a una solución consensuada que tenga en cuenta, sobre todo, la defensa de la vida, la salud y el trabajo digno de los trabajadores del CMLO. Monseñor Barreto hizo suyas las palabras de Su Santidad el Papa Benedicto XVI para este tiempo de cuaresma “Ante el mal, no podemos callar”.
Por último, respecto al proyecto de ley presentado por el Congresista Casi Huire, el Coordinador de la Pastoral Social de Dignidad Humana, Nilton Velazco Lévano dijo que esta propuesta es cuestionable desde el punto de visto ético, jurídico y constitucional, ya que “no defiende intereses nacionales o generales, sino intereses económicos particulares que deben ser analizados con la participación de los demás actores interesados en la solución integral al problema de La Oroya”, señaló.
Con el ruego de su difusión
Mayor información:
Héctor Bonilla Espinal: #151538/964696902/ (oficina) 064-798542 begin_of_the_skype_highlighting 064-798542 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 064-798542 begin_of_the_skype_highlighting 064-798542 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) - Arzobispado de Huancayo
Alejandra Alayza de RedGe:
“La demanda que nos ha interpuesto Doe Run equivaldría a todo el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud”
A la larga lista de incumplimientos de compromisos ambientales y de salud de la población de La Oroya, la empresa Doe Run Perú, que durante 13 años ha tenido licencia para contaminar la ciudad de La Oroya –mediante dos ampliaciones de su PAMA y 3 modificaciones de la misma-, ha procedido a dos demandas al Estado Peruano, la última presentada hace unos días ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor, y la primera presentada en abril del 2011 ante un arbitraje Internacionales por US$ 800 millones de dólares. “Lo que equivaldría a todo el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud, hay que añadir a eso, además, el pago al estudio de abogados que defienda al Estado. Y todo parece indicar que perderemos el caso”, dice Alejandra Alayza, coordinadora general de Redge, miembro de la Plataforma La Oroya por un cambio.
La estadounidense Doe Run demandó el Estado Peruano ante un arbitraje internacional argumentando que el Perú había sido “injusto e inequitativo” y que “no había cumplido con brindarle total protección y seguridad”. El artículo incumplido es el 10.5 (Nivel mínimo de trato) del Capítulo X del TLC con EE.UU. Alayza explica el contexto en el que una empresa que ha incumplido con el Estado y que ha convertido a La Oroya en una de las ciudades más contaminadas del mundo nos demanda.
Y es que existen antecedentes de Estados que han tenido que resarcir a los inversionistas extranjeros por incumplimiento de las condiciones de un tratado de libre comercio. Es el caso de México. El 2000, el estado mexicano tuvo que pagar 16 millones dólares a la empresa estadounidense Metalclad Corporation que quería reabrir un confinamiento de residuos tóxicos en la ciudad de Guadalcázar en el Estado de San Luis Potosí. Como el municipio se negó a la instalación del basurero tóxico, la empresa demandó al Estado ante un arbitraje internacional y amparado en una clausula de su TLC con EEUU terminó pagando esa compensación.
Y es que detrás de esta millonaria demanda habría una fila de empresas extranjeras que podrían recurrir a lo mismo generando un gran desembolso de las arcas nacionales. Según la socióloga, el Estado Peruano podría ser demandado por otras empresas mineras. “Está el proyecto Conga que tiene a la estadounidense Newmont como socia. Si le exigimos mayores desembolsos podrían decir que hemos cambiado las reglas del juego y valerse del TLC para demandarnos. Tenemos a Bear Creek Mining cuyo proyecto minero Santa Ana en Puno fue cancelado”, dijo. “Es un blindaje al capital cuando se le exige que se porte un poco mejor en relación a sus obligaciones sociales y ambientales”, añade.
En este caso, El TLC con Estados Unidos deja abiertas varias clausulas que ponen como prioridad a la inversión extranjera por sobre la garantía del cumplimiento de políticas públicas. “En su capítulo de inversiones incorpora principios para darle todas garantías a los inversionistas y que de no cumplirse las condiciones entonces estos puedan demandar al Estado. Este procedimiento se ha convertido en un mecanismo de presión indirecta sobre cambios en políticas públicas ya que los costos son muy altos. Si el gobierno de Humala quisiera hacer una zonificación ecológica, por ejemplo, las empresas nos podrían demandar. Es costoso asumir todos los procesos que pueden venir”.
Entonces, ¿el Estado estaría maniatado? “En el contexto actual de globalización, las garantías que le dan al capital están por encima a las garantías que debe tener el Estado con su población. Por ejemplo, nuestro TLC con USA garantiza que un inversionista extranjero no puede ser tratado distinto a un inversionista nacional. Ese es el argumento que está usando Doe Run cuando se le ha exigido el cumplimiento del PAMA”.
“Otro mecanismo que permite la demanda es la expropiación indirecta. Es un mecanismo por medio del cual cualquier acción del Estado que implique que el inversionista tenga más obligaciones podrá ser tomada como pretexto para que la empresa demande al Estado”, dice Alayza.
“Las cláusulas del TLC terminan siendo un blindaje sobre un modelo de desarrollo en el cual se congela el marco normativo. Todos los inversionistas que han entrado con las reglas de los noventa, cuando éramos un país en crisis y nos inventamos reglas de atracción de inversión, esperan que las reglas no se modifiquen porque les generarían más obligaciones. Actualmente, que el Estado quiera realizar cambios más democráticos como subir la valla de estándares de protección del medio ambiente, por ejemplo, podría ser razón para que los inversionistas terminen demandándonos”.
Pero, ¿qué hace un país como el Perú que ya tiene TLC? “Queda la opción de revisar los tratados de libre comercio. No todos los países tienen una política de inversiones tan permisivas. Brasil, el gigante de la globalización, no tiene ningún tratado de libre comercio. No es cierto que se necesite dar estos blindajes a la inversión para atraerla (…) La opción sería abrir mecanismos de renegociación, revisar los TLC’s e identificar los mecanismos para condicionarlos y que no se permitan que sean admisibles casos como el de Doe Run”.
La socióloga dijo además que lo de Doe Run nos va mostrando que se tiene que repensar el rol del Perú en la globalización. “No somos el Perú de los noventa, con crisis y terrorismo. Ahora con la crisis europea las inversiones van a venir al Perú. Tenemos que hacer una nueva política de inversiones”, añadió.
Ver nota en: http://laoroyaporuncambio.blogspot.com/2012/02/la-demanda-que-nos-ha-interpuesto-drp.html
Plataforma La Oroya por un Cambio.
“Vida sana y trabajo digno para La Oroya"
NOTA DE PRENSA N°06-2012
Lima, 22 de febrero de 2012
Reacciones en el caso Doe Run Perú. Derecho a la salud, un medio ambiente sano y DD.HH. son temas ausentes en la propuesta legislativa promovida por el Congresista Casio Huaire
“Salud o Trabajo, es una manera perversa de pensar el desarrollo de un país”
Monseñor Barreto señala que ampliación de PAMA para Doe Run es indigno para los peruanos.
Durante doce años, Doe Run Perú operó en La Oroya arrojando las 24 horas del día humo tóxico cargado de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. Según lo establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la empresa estadounidense tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales que el complejo metalúrgico pudiera originar en la ciudad de La Oroya. Sin embargo, a lo largo de estos años, gobiernos anteriores concedieron a Doe Run Perú dos prórrogas que le permitieron postergar el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y seguir operando el complejo metalúrgico. Siguió contaminando legalmente, y las consecuencias en el transcurso de los más de diez años, son los severos e irreversibles daños en la salud de niños y adultos, intoxicados por el plomo y otros gases tóxicos, con graves problemas respiratorios y con el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer.
La iniciativa legislativa promovida por el congresista Casio Huaire, que ampliaría el PAMA a Doe Run Perú por tercera vez -que actualmente se encuentra en debate público- no tiene ningún acápite que haga referencia al derecho a la vida y de vivir en un entorno sano, el mismo monseñor Pedro Barreto, coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, manifestó su indignación y señaló que dicha iniciativa no tiene ningún atisbo de defensa de la vida y de la salud de la población, “la mesa ambiental está haciendo un estudio técnico, que coincide con la posición del Arzobispado en que el PAMA no puede darse, porque sería ir a una vida indigna para un peruano o peruana, y que beneficia únicamente a Doe Run", dijo.
Indicó que el artículo 8 también le da opción a una nueva ampliación. "El comportamiento de esta empresa minera no es nuevo, siempre dice una cosa y después hace otra", señaló Barreto, al asegurar que el pedido de una exoneración de multas, tal como lo solicita el legislador Huaire, es un premio a una empresa irresponsable.
Por su parte Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostuvo que el actual gobierno tiene una visión desfasada de los derechos humanos y nos vende una visión engañosa del desarrollo. Nos muestra un falso desarrollo enfocado solamente en los réditos que dejan la actividad extractiva. “Con el caso de Doe Run el Estado está incumpliendo su obligación fundamental que es proteger los derechos humanos. La necesidad de desarrollo no puede ser una escusa para dejar de lado la protección de derechos humanos. La protección del derecho a la salud y del medio ambiente es una vía para garantizar un verdadero desarrollo para el país”, dice Pérez. Señala además que el desarrollo “debería entenderse como un incremento del bienestar de las personas y sus posibilidades vitales. Un desarrollo no se construye en base a destruir el futuro de los niños”.
“No se puede plantear una dicotomía entre el derecho a la salud o el derecho al trabajo. El Estado debería encontrar una fórmula que permita garantizar el respeto a ambos derechos y no colocarlos en dos posiciones contrarias. Salud o Trabajo, es una manera perversa de concebir el desarrollo de un país. Los pobladores no deberían continuar sufriendo los estragos de la contaminación ambiental y el Estado debería garantizar una fuente de trabajo y de ingresos”.
Igualmente, la abogada, Gloria Cano de Aprodeh opina que no existe contraposición de derechos más bien debe prevalecer tanto el derecho a la salud como el derecho al trabajo. “La población y los trabajadores tienen el derecho de insistir de que se reabra lo que consideran su principal fuente de trabajo en la región, pero teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrolla esta actividad y aquí entra a tallar el derecho a la salud. Ambos derechos no pueden contraponerse. El trabajador de Doe Run tendrá derecho al trabajo y a un trabajo digno.
Finalmente, Mar Pérez dijo que la contaminación de Doe Run genera otro tipo de pobreza al país que no aparece en las cuentas de la empresa pero repercute en el bolsillo de las familias. ¿Cuánto gasta una familia en medicinas para tratar las enfermedades contraídas por la contaminación con gases tóxicos? La exposición a altos niveles de contaminación le cuesta al país proyectos de vida quebrados, pone un riesgo la capacidad de producción de su fuerza de trabajo y el rendimiento de un trabajador se ve mermado con la salud deteriorada.
Plataforma La Oroya por un Cambio.
--
Plataforma La Oroya por un cambio
Canal Youtube: http://www.youtube.com/laoroyaporuncambio
Comisión Nacional Organizadora de la Gran Marcha Nacional del Agua
Nota de Prensa
Lima, 9 de febrero de 2012
LA GRAN MARCHA DEL AGUA YA ESTA EN LIMA
Con multitudinario recibimiento llegaron a Lima, los caminantes de la Gran Marcha por el Agua. Luego de 9 días y más de 700 kilómetros recorridos a veces a pie y otras veces trepados en camiones, las diferentes delegaciones de dirigentes campesinos, ronderos y representantes de frentes de defensa por el agua, están a puertas de la capital. Los caminantes se concentraron en el Paradero Pro 2, en Los Olivos. Fueron recibidos por diversas asociaciones como el SUTEP, la Central Única de Trabajadoras del Hogar, el Movimiento de los Sin Techo, la Organización distrital de Mujeres de Comas, la Central Única de Trabajadores, los Jóvenes Comunistas del Perú, entre otros.
Luego de nueve días de caminata, los más de mil marchantes llegaron a la capital para presentar su rechazo a cualquier forma de actividad extractiva que ponga en riesgo los ecosistemas y los recursos hídricos. Desde Cajamarca, la caravana, encabezada por el ex sacerdote Marco Arana y diferentes dirigentes de frentes de defensa por el agua y ronderos campesinos, emprendió el viaje este 1 de febrero desde la Laguna Cortada y Namacocha, ubicados en el área donde la minera Yanacocha pretende asentar el proyecto “Conga”.
De este punto emprendieron el camino haciendo un alto en varias provincias de Cajamarca, La Libertad, Áncash y el Norte Chico de Lima. La ruta comprendió las provincias de Choropampa, Chilete San Pablo Contumazai, San Miguel, Tembladera, Ciudad de Dios. En este punto les dieron el encuentro delegaciones de Lambayeque, Piura y Tumbes. Continuaron hacia Trujillo, Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Trujillo, Chimbote, Casma, Huarmey, Pativilca, Supe, Paramonga, Huacho y Lima.
Son diversas las asociaciones civiles y grupos ambientalistas las que han dado muestras de adhesión con la causa de la Marcha. Les han dado el encuentro, por ejemplo, la Confederación Nacional de Comunidades Campesinas y Nativas del Perú, de la región de Moquegua, donde también se han generado conflictos sociales en torno a la explotación minera. La minera angloamericana Quellabeco, por ejemplo, explota desde hace diez años los yacimientos del río Huasana, hoy totalmente contaminado. También ha sufrido los daños de la mala minería, los yacimientos de Cuajone donde la Sourthen Perú saca agua del subsuelo sin consentimiento de la población.
En sus varios pronunciamientos los marchantes dicen que: El derecho a las inversiones y al trabajo que tienen las mineras no puede estar por encima del derecho que tenemos los pueblos a ser consultados cuando una inversión, por importante que sea, afectará gravemente nuestras vidas. El agua es un derecho humano. El Estado peruano no reconoce en la legislación actual que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano; un derecho que es esencial para la realización de todos los demás derechos humanos, puesto que, sin agua no hay vida.
Los marchantes llegaron acompañados de los representantes del grupo de observadores internacionales que han viajado al país para observar y dar su evaluación sobre la Marcha del Agua. En Barranca, donde fueron recibidos por las delegaciones, el Doctor En Ciencias Física Pedro Arrojo dijo: “Vamos a observar los valores y componentes sociales de la marcha, las reacciones políticas e institucionales. No estamos a favor de nadie, vamos a escuchar a todos. Queremos ser el puente de diálogo pero no aceptamos vetos de nadie. El dolor de los pueblos debe ser escuchado”. Comisión Nacional Organizadora de la Gran Marcha Nacional del Agua
Recorrido:
Desde Pro (Km 21 Panamericana Norte) se dirigirán hasta la Plaza 2 de Mayo del Centro de Lima, y continuará por la Av. Colmena, Wilson, Grau hasta el colegio “Madre Admirable”, ubicado en el Jr. Ollanta s/n, El Agustino, donde se alojarán los marchantes. A las 2:00 pm. llegarán a la Plaza Bolognesi y recorrerán toda la Av. Brasil hasta la Cdra. 24, donde se encuentra el colegio De Jesús. Allí participarán en el Foro Hídrico “Agua, Minería y Desarrollo en el Perú de Hoy” (4:00 pm).
CONVOCATORIA CONFERENCIA DE PRENSA
Con motivo de presentar al periodismo nacional e internacional las acciones de cierre que se celebrarán en la capital, la comisión nacional organizadora convoca a conferencia de prensa en el marco del Foro Nacional Agua, Minería y Bienestar, a cuyo evento acudirán las delegaciones de marchistas provenientes de las macrorregiones norte, centro, sur y oriente.
Día: jueves 9
Hora: 6:45 p.m.
LUGAR: Colegio de Jesús, Avenida Brasil 2470, Pueblo Libre - Lima - INGRESO LIBRE
Prensa y Comunicaciones:
Javier Matos/Juana Gallegos: 01-6204916- 9975535500/ 99 745-7703 107*6978/ RPM: #165865
Pequeños riachuelos hacen el gran rio de vida
Pequeños riachuelos hacen el gran rio de vida es la frase que cabe como anillo al dedo frente al apoyo que están encontrando durante su trayecto los cientos dirigentes de las diferentes comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros de Cajamarca.
La Gran Marcha por el Agua empezó el desde Cajamarca el 1 de febrero y llegará a Lima, entrando PRO, este jueves 09 a partir de las 7am, donde serán recibidos por las delegaciones limeñas en su afán de sumarse en la caminata.
Esta marcha culminará el día viernes 10 con el desarrollo de la movilización y la instalación del Foro Nacional de Justicia Hídrica, en el cual se debatirá pública y programáticamente la problemática del agua y las propuestas de leyes y políticas que se impulsarán en adelante.
Previamente a estos grandes acontecimientos y como parte de su programa, este 8 y 9 de febrero se realizará en Lima el Foro Hídrico: Agua, Minería y Bienestar, en el Colegio de Jesús, cuadra 24, Avenida Brasil, de 9:00am - 8:00pm.
El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático- MOCICC, comprometido con la problemática nacional, estará presente en la mesa temática “El Agua en el Perú: Un bien común crecientemente escaso” con la participación del Ing. Agrónomo Jaime Llosa, miembro consultivo del movimiento.
Cabe resaltar que la marcha tiene un carácter plenamente pacífico, democrático y festivo, ya que son varios los colectivos artísticos y juveniles que están participando en esta acción viendo al arte como el mejor medio para concientizar ciudadano de a pie y al gobierno.
Para los interesados adjuntamos el programa del Foro Hídrico: Agua, Minería y Bienestar y el programa del recorrido de la Gran Marcha por el Agua en Lima.
Ver noticia en www.mocicc.org
Pequeños riachuelos hacen el gran rio de vida es la frase que cabe como anillo al dedo frente al apoyo que están encontrando durante su trayecto los cientos dirigentes de las diferentes comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros de Cajamarca.
La Gran Marcha por el Agua empezó el desde Cajamarca el 1 de febrero y llegará a Lima, entrando PRO, este jueves 09 a partir de las 7am, donde serán recibidos por las delegaciones limeñas en su afán de sumarse en la caminata.
Esta marcha culminará el día viernes 10 con el desarrollo de la movilización y la instalación del Foro Nacional de Justicia Hídrica, en el cual se debatirá pública y programáticamente la problemática del agua y las propuestas de leyes y políticas que se impulsarán en adelante.
Previamente a estos grandes acontecimientos y como parte de su programa, este 8 y 9 de febrero se realizará en Lima el Foro Hídrico: Agua, Minería y Bienestar, en el Colegio de Jesús, cuadra 24, Avenida Brasil, de 9:00am - 8:00pm.
El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático- MOCICC, comprometido con la problemática nacional, estará presente en la mesa temática “El Agua en el Perú: Un bien común crecientemente escaso” con la participación del Ing. Agrónomo Jaime Llosa, miembro consultivo del movimiento.
Cabe resaltar que la marcha tiene un carácter plenamente pacífico, democrático y festivo, ya que son varios los colectivos artísticos y juveniles que están participando en esta acción viendo al arte como el mejor medio para concientizar ciudadano de a pie y al gobierno.
Para los interesados adjuntamos el programa del Foro Hídrico: Agua, Minería y Bienestar y el programa del recorrido de la Gran Marcha por el Agua en Lima.
Ver noticia en www.mocicc.org
Comunicaciones MOCICC
Vanessa E. Torres Cáceres
MISION DE OBSERVADORES INTERNACIONALES DE LA MARCHA NACIONAL DEL AGUA
REPORTE DÍA 6: “Gran Marcha Nacional del Agua”
En su sexto día, la Marcha Nacional por el Agua llegó a Huarmey, donde tuvo un masivo recibimiento de la población que ofreció a los marchantes comida, fruta y refrescos. Tras recibir la bienvenida por parte de la Junta de Usuarios de Riego, el Frente de Defensa, el Sindicato de Pescadores Artesanales, organizaciones sociales y autoridades, recorrieron las calles, antes de salir camino de Paramonga, donde llegaron entrada la noche.
En Huarmey se mantiene abierto un duro conflicto social con la empresa Antamina, que llevó en los primeros días de la Marcha a una dura acción policial. El caso será tratado los días 8 y 9 en el Foro de Justicia Hídrica de Lima.
En Paramonga la contaminación del acuífero, que abastece el agua de boca, por pesticidas agrarios usados en el cultivo de caña de azúcar, está produciendo enfermedades gástricas, respiratorias y dermatológicas. Juan Chang, portavoz de la Marcha por el Agua, confirmó que el caso será también tratado en el Foro, junto al de la contaminación del río Santa en Chimbote y las concesiones petroleras de la plataforma pesquera litoral.
Problemas de fondo identificados por la Misión de Observación
En torno al rosario de problemas sociales y ambientales, con sus correspondientes conflictos, que van federándose en torno a la Marcha del Agua, la Misión de Observación toma nota de la denuncia de una campaña de descrédito, según los organizadores, con acusaciones de “politización interesada de la Marcha” e incluso “connivencia terrorista de sus dirigentes”; recientemente viene apareciendo la acusación de que “Chile financia la Marcha”, para que las empresas se vayan allá … Los portavoces de la Marcha insistieron en que su objetivo es poner en la agenda nacional la prioridad del derecho al agua desde la movilización no violenta.
Por su parte, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que apoya la Marcha, viene planteando la necesidad de la descentralización y regionalización en la gestión de estos conflictos.
Pedro Arrojo, coordinador de la Misión, abre una intensa agenda de entrevistas
Hoy día 7 está prevista una entrevista del prof. Arrojo, coordinador de la Misión Internacional de Observación, con los organizadores de la Marcha, para pasar revista, tanto a los conflictos que la motivan, como a su evolución desde el principio de la no violencia. Al respecto, el prof. Arrojo ha manifestado especial interés por entrevistarse con representantes de las Rondas Campesinas que, al parecer, vienen asumiendo, en gran medida, el trabajo de vigilancia para que este principio sea rigurosamente respetado.
En los próximos días, los profesores Arrojo y Barkin, en nombre de la Misión, tienen prevista una intensa agenda de entrevistas en Lima, con la Defensoría, el Ministerio de Medioambiente, el Congreso de la República, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros (ANC), entre otros… El 10 de febrero, se prevé un acto organizado por la Universidad Agraria La Molina, presidido por el Rector, en el que Arrojo y Barkin compartirán argumentos y datos con profesores e investigadores.
Muqui "Red de Propuesta y Acción"
Página web: www.muqui.org
Email: prensa@muqui.org
Av. Julio C. Tello 215 - D, Lince
Teléfono: 265-0534
Teléfono: 265-0534
