Defensoría del Pueblo presenta informe sobre 153 conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos, entre el 2011 y el 2014. La mediana y gran minería se vincula al 67 por ciento de los conflictos por el agua.
La Defensoría del Pueblo propuso hoy a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Agricultura y Riego, aprobar la
creación de los consejos de recursos hídricos de cuenca que sean propuestos por
los gobiernos regionales, para prevenir los conflictos sociales vinculados a
los recursos hídricos.
Precisó que a la fecha solo se han constituido seis que
involucran a las jurisdicciones de ocho gobiernos regionales. La propuesta se efectuó durante la presentación del Informe
de Adjuntía N° 001-2015: “Conflictos sociales y recursos hídricos” que puede
ser libremente descargado desde la internet.
Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo (e), señaló que los
consejos de recursos hídricos de cuenca son espacios de diálogo que permitirán
involucrar a los actores de la cuenca en la solución de la problemática del
agua; establecer consensos y generar condiciones para gestionar el uso de este
recurso.
Importantes hallazgos
La minería es la principal actividad generadora de
conflictos socioambientales vinculados a recursos hídricos con el 67 por
ciento, seguida de la actividad de hidrocarburos (14 por ciento). En tercer
lugar está la actividad energética con el 11 por ciento.
Del total de los conflictos estudiados 90 casos corresponden
a actividades mineras formales e informales. 71 casos se vinculan a la mediana
y gran minería y solo 12 a la pequeña minería.
El informe señala que los departamentos que registran la
mayor cantidad de conflictos sociales también registran la mayor cantidad de
pasivos ambientales mineros (PAM). Ancash encabeza el récord de PAM con 1251,
seguido de Cajamarca (1,075), Puno (1,050) y Huancavelica (858).
En el periodo estudiado se registraron 15 personas civiles
fallecidas y 490 personas heridas, 279 civiles y 211 policías. Cajamarca tiene
el mayor número de personas fallecidas: cinco.
Cabe destacar asimismo que el 84 por ciento de los
conflictos por el agua en el periodo 2011-2014 son de competencia del Gobierno
nacional; el 9 por ciento al Gobierno regional y solo el 7 por ciento al
Gobierno local.
Contexto de la conflictividad hídrica
El documento defensorial señala que entre enero de 2011 y
diciembre de 2014, se identificaron un total de 153 conflictos sociales
vinculados a los recursos hídricos, de los cuales el 75 por ciento se
desarrolla en zonas rurales.
Agrega que el 44 por ciento de la población involucrada
registra altos niveles de pobreza. Se trata de poblaciones donde exista una
baja densidad del Estado -42 por ciento- así como un bajo nivel de desarrollo
humano que en promedio es de 53 por ciento.
Todos los actores demandan la protección del agua y su
remediación. Asimismo, sostienen que las afectaciones son principalmente del
agua superficial, es decir, ríos, lagos y lagunas.
Rolando Luque Mogrovejo, Adjunto para la Prevención de
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, destacó la necesidad de investigar en
profundidad los tipos de conflictos más frecuentes a fin de elaborar
“estrategias acertadas, que partan del conocimiento de los problemas y no de
intereses que distorsionan la gestión de un conflicto”.
Señaló, además, que la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad debe potenciar su rol articulador entre los distintos sectores
del Poder Ejecutivo y con los gobiernos subnacionales.
Luque reconoció que la presencia de la Autoridad Nacional
del Agua en este tipo de conflictos es fundamental por lo que debe combinar la
especialización técnica en materia hídrica con la prevención y gestión de
conflictos sociales.
Descargue la publicación con un clic en el siguiente enlace:
“Conflictos sociales y recursos hídricos” (PDF, 151 páginas)
Fuente: SERVINDI
