Entre el gobierno de Alan
García y el de Ollanta Humala han muerto 253 personas en conflictos sociales.
¿Son viables los proyectos mineros sin licencia social?
Escribe Magali
Zevallos/Gran Angular
El Perú viene impulsando megaproyectos
mineros por 20 millones de dólares, según palabras del Premier Pedro Cateriano.
El país lidera la producción de oro en Suramérica, y ocupa el sexto lugar a
nivel mundial; es el tercer productor de cobre a nivel global y ocupa el
segundo lugar en la producción de plata. En el año 2010 la consultora
PriceWaterhouseCoopers denominaba a Perú como uno de los principales centros de
inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan de cifras y de
proyecciones económicas basadas en la extracción de estos recursos, y de la
importancia del crecimiento económico que generan las industrias extractivas
sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello implica.
Tras dos décadas del ingreso de la
minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia
con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada
vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua
y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería,
versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un
crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento territorial.
Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el
impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.
Durante el gobierno de Alan García
(2006-2011) murieron 193 personas en conflictos sociales, 153 civiles. Mientras
que en la gestión del presidente Ollanta Humala, las cifras van en
ascenso con el conflicto del proyecto Tía María de Southern Copper. En el
lapso de 17 días han fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en
torno a este conflicto, llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del
actual gobierno. 253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a
que la criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer
este modelo de desarrollo.
¿Sin licencia social es viable la
explotación de los recursos naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía
María (Arequipa) no cuentan con legitimidad social, y proyectos como
Tambogrande y Majaz en Piura y Cerro Quilish en Cajamarca no fueron
viables por no tener licencia social. Todos estos proyectos impulsados desde el
poder Ejecutivo sin diálogo con las poblaciones han dejado como saldo muertos,
heridos, defensores ambientales denunciados, secuestro y torturas, como
fue el caso de la minera Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a los
derechos humanos.
Optar por la militarización ha
generado una tensa relación y rechazo hacia las fuerzas del orden, en estas
disputas han fallecido 41 militares durante ambos gobiernos.
Desde el Poder Ejecutivo se ha ido
tejiendo un manto de protección legal a las fuerzas del orden, quienes
intervienen mediante represiones violentas en los conflictos. Durante los dos
últimos gobiernos –García y Humala- se han aprobado diversas normas legales,
como los decretos legislativos: 982, 983, 988, 989, 991 y 1095. Este
último fundamenta que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar
son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Además se
aprobaron leyes como N° 29986 (26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del año
2014, que permiten hechos como el levantamiento de cadáveres por efectivos
militares y/o policiales sin presencia del fiscal en zonas declaradas en
estado de emergencia; exoneración de responsabilidad a policías y militares que
maten o hieran en ejercicio de sus funciones.
Cajamarca: una región minada
En el caso concreto de la región
Cajamarca, el año 2006, el campesino Isidro Llanos perdió la vida por defender
el agua en Combayo. En 2012, el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas,
entre ellos un niño. Todas estas muertes se dieron en disputas entre las
fuerzas armadas y las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados,
siguen impunes.
En esta región existe un alto índice
de criminalización de la protesta y disputas entre los “pro mineros” y los
“antimineros”. Entre los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282
heridos y 303 líderes ambientales procesados, según la sistematización
realizada por Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y
reportes de las ONGs como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y
archivos periodísticos.
Los más altos índices de los
conflictos también se registran en esta región. En la última década (2005 -
2014) se han reportado cerca a mil conflictos (977), 80% se debieron a
conflictos socioambientales (777); de este último indicador, 480 se debieron al
agua (61.7%), mientras los conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de
acuerdo a los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo. La
sistematización arroja además que alrededor de la minera Yanacocha se han dado
los mayores eventos conflictivos: 241, siendo los más frecuentes alrededor del
proyecto minero Conga. La minera Coimolache registra 76 conflictos en la última
década, seguida de La Zanja (74), Gold Fields (74).
La expansión minera sin límites es
otro de los detonantes de los conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca
está concesionado a la minería, lo que representa casi 1.5 millones
de hectáreas. Según el Ministerio de Energía y Minas en la región existen 2,331 concesiones mineras, 24 unidades
en producción y 9 unidades en exploración.
La superficie territorial otorgada
mediante concesiones a Yanacocha es de 227,153.51 ha, con 302 concesiones
acumuladas. Mientras que Chaupiloma Dos tiene 144 concesiones con 124,357.64
ha. Newmont Perú tiene 54 concesiones con una extensión de 45,056.13 ha.
Así, el Grupo tiene un acumulado total de 500 concesiones, con una
extensión de 396,567.28 ha en la Región Cajamarca. Esta elevada cifra
convierte a Yanacocha S.R.L. en la empresa minera con mayor concesión en la
región, seguida de Vale explorarion SAC, S.M.R.L. Chaupiloma II de Cajamarca, y
Barrick Misquichilca S.A. (CooperAcción/Ingemmet. Oct.2014).
Minería y pobreza
El historiador Antonio Zapata señala
que la enorme riqueza minera del Perú contrasta vivamente con la pobreza de las
regiones donde se asienta su producción. Así por ejemplo, Cajamarca,
Huancavelica y Pasco se hallan entre las regiones más pobres del Perú, no
obstante la vigencia y antigüedad de la gran minería en estas localidades. Son
pocas las regiones, como Moquegua y Tacna, que han logrado combinar gran
minería con desarrollo. En la mayoría de casos, por el contrario, la presencia
de la gran minería ha traído pobreza para las regiones y también para para los
mismos trabajadores mineros.
Cajamarca, tras 22 años de gran
minería, sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Esta región, que
concentra la mayor producción de oro del Perú, y que debería ser el modelo de
desarrollo en el país, es la región con mayores desigualdades, lidera las
cifras de pobreza en el país (53.7%) y de desnutrición crónica en niños menores
de 5 años. 154,800 personas de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir,
siendo la población femenina la que presenta la tasa más elevada, alcanzando el
25,5%. Asimismo, 57 mil niños de 3 a 5 años no acceden al sistema educativo, lo
que arroja un déficit de 58.6%.
Si bien es cierto que la distribución
de la riqueza en las zonas rurales es una tarea que le compete al Estado y no a
las empresas mineras que operan en la zona, los gobiernos de turno no han
buscado equidad en la distribución de las riquezas generadas durante dos
décadas. Además, no ha fomentado el orden bajo un esquema de responsabilidad
ambiental ni legitimidad social, ni han impulsado compensaciones en cuanto a
impactos ambientales, sobre las personas y las comunidades.
¿Cuántas décadas más debe esperar
Cajamarca para que su población vea los beneficios de la minería? “Más allá de
las cifras macroeconómicas y de los millonarios ingresos que genera esta
actividad a las arcas del Estado, lo tangible es que Cajamarca es el
departamento más pobre del país y las comunidades han visto muy pocos
beneficios en estos últimos 20 años”, sostiene Keith Slack gerente de Programa
de Industrias Extractivas de Oxfam América.
“El problema central es que no hay una
mirada de desarrollo compartido, el gobierno central no articula con los
gobiernos locales ni regionales, no hay una visión común de desarrollo. La
actividad minera es importante, pero en un horizonte de actividades la minería
no debe ser lo más importante, sino también la agricultura y la ganadería. La
exclusión de otras actividades productivas de las regiones ha arrastrado a que
las poblaciones queden sumergidas en la pobreza. La ausencia del Estado a nivel
de la diversificación productiva es fuerte. Nosotros hemos propuesto desde el
Gobierno Regional diversificar la económica con diferentes actividades, sin
embargo no hay interés desde el Ejecutivo”, señala Sergio Sánchez, gerente de Recursos
Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca.
Al respecto, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que históricamente la región no
ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en
procesos de desarrollo económico de largo plazo. Pues no se trata solo de
superar el paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación
productiva, sino también de transformar el capital derivado de los recursos no
renovables de la región en capital humano -educación y capacitación-,
infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico con
criterios de largo plazo para impulsar el cambio estructural con igualdad.
Slack recomienda que para llevar
adelante las inversiones se debe empezar a transparentar las actividades
extractivistas, proveer información a las comunidades, escuchar y responder a
las preocupaciones que tienen. “Debe haber procesos de consulta, no se puede
avanzar en un proyecto sí o sí pensando que las comunidades son un obstáculo
para la inversión, ellos (comunidades) deben ser tratados como socios no como
objetos de obstáculos, tampoco se debe quitar legitimidad a las opiniones de
las comunidades, las mineras hablan de “pequeñas lagunitas”, como si no fueran
cosas importantes para las poblaciones, cuando son la base fundamental de su
producción agrícola”, dice.
Los muertos y heridos en conflictos
sociales no pueden seguir siendo considerados como una consecuencia a la
oposición de un proyecto extractivo, la discusión no se debe centrar en
"minería sí o no". Es falaz presentar estas dos únicas opciones para
poder reflexionar sobre la minería o el modelo económico en el país. Hay
preocupaciones y demandas reales que deben ser atendidas.
Fuente: http://elgranangular.com/
INFOGRAFÍA:
