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| Ley exime de culpas a agentes del orden si causan lesiones o muertes ocurridas en contextos de conflictos sociales. (La República) |
La Red Muqui rechaza la aprobación de la Ley No. 30151 que modifica el inciso 11 del artículo 20º del Código Penal que declara exento de responsabilidad penal al efectivo militar o policial que en cumplimiento de su deber cause lesiones o muerte con su arma u otro medio de defensa.
La norma, no toma en cuenta estándares internacionales de derechos humanos, que exigen que el uso de las fuerzas del orden deban respetar los principios de necesidad y proporcionalidad y deja abierta la posibilidad de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que en los dos últimos
años, en contextos de conflictividad social, se han reportado más de 949
heridos y hasta 34 civiles fallecidos. La Red Muqui a través de sus instituciones
socias ha tomado conocimiento que en la mayoría de investigaciones por muertes
y lesiones ocurridas en contextos de conflictos sociales, el Ministerio Público
viene archivando los casos.
El actual contexto de
criminalización de la protesta social, mediante la cual el Estado en lugar de
atender la justas demandas de extensos sectores de la sociedad para que se
respete derechos fundamentales como el derecho a la vida, al desarrollo social
en un ambiente sano, a elegir un modelo de desarrollo comunal de acuerdo a sus
costumbres, cultura, etc.; lo que hace es instrumentalizar el derecho penal
para perseguir a los líderes, dirigentes y acallar sus protestas priorizando el
uso indiscriminado e irracional de la fuerza. De esta manera, la aprobación de la
Ley es una de sus últimas manifestaciones para eximir de responsabilidad a los
agentes de esa arbitraria represión.
Junto a esta norma tenemos otras medidas gubernamentales que
configuran un escenario crítico en el
campo de los derechos humanos. Así tenemos la creación de los frentes
policiales y nuevas comisarías en las llamadas zonas mineras del país o los
contratos entre la Policía Nacional y las empresas mineras, que en la práctica
privatizan los servicios de la seguridad pública y los subordinan a los
intereses económicos.
Esto es más preocupante cuando comprobamos que en vez de
poner en vigencia un escenario de apertura real para perfilar una nueva minería
en el Perú, autoridades y funcionarios del Estado continúan expresando una
visión de los conflictos socio ambientales asociándolos a la tesis del “complot
minero” –justificativo de la violación de los derechos humanos fundamentales-.
Frente a esta
situación, la Red Muqui comparte con otras instituciones y personalidades la
exigencia de derogar la Ley No. 30151, al mismo tiempo reitera un conjunto de
propuestas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, como base
sustancial de una nueva relación con la minería y las industrias extractivas.
Propuestas formuladas en el marco de los “diálogos ciudadanos” para una agenda
de políticas para una nueva minería en el Perú:
1. Garantizar la
existencia de canales institucionales para el ejercicio de la ciudadanía
ambiental.
2. Aprobar
procedimientos precisos que deben usarse en el control del orden interno,
asegurando la adecuación de esta normativa a los estándares internacionales
sobre el uso de la fuerza. Ello implica derogar el Decreto Legislativo 1095 y
otros.
3. Promover y
garantizar la capacitación continua, en el manejo de conflictos sociales, de
los policías llamados a intervenir y dotar de armamento no letal y equipos
protectores para los efectivos policiales que participan en el control del
orden interno.
4. Garantizar el
acceso a la justicia, verdad y reparación de los afectados por el uso abusivo
de la fuerza en situaciones de protesta social. Habilitar de manera urgente un
procedimiento administrativo para la reparación de los afectados, incluyendo
mujeres y niños dependientes de los primariamente afectados. El Estado tiene la
obligación de investigar y sancionar.
5. Se respete
el debido proceso a las personas
procesadas en el contexto de la protesta social. Derogar las normas que
criminalizan la protesta social y permite
investigar a las personas fuera
de sus ámbitos de competencia.
6. Establecer un sistema normativo que
permita el procesamiento y sanción a las empresas y/o sus directivos en que se
vean involucradas en violaciones de derechos humanos. Eliminar la prestación de
servicios privados de seguridad por las fuerzas del orden a las empresas
extractivas, sea cual sea la forma jurídica por la que se brinden éstos. Así
mismo anular los convenios existentes entre empresas mineras y la Policía
Nacional.Fuente: Red de Propuesta y Acción. Red Muqui.
