 |
| Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) |
A pesar de los anuncios triunfalistas del Ejecutivo en
relación a los procesos de consulta previa en el Lote 169 o por la reciente
decisión de publicación de la guía metodológica para la primera semana de
febrero, lo cierto es que el proceso de consulta previa en el Lote
192–emblemático por ser el primero que anunció el Gobierno-sigue entrampado y
está rodeado de mucha incertidumbre sobre su futuro.
“El tema de fondo
tiene que ver con el modelo de crecimiento del Estado en los últimos 20 años
basado en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas.
¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo y a la vez respetar derechos de los pueblos
indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera que no,
porque el Gobierno no ha sabido resolver esta situación. El Gobierno tiene la
obligación ética, moral y política de encontrar una solución a esto: respetar
los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo, y a la vez
también buscar cómo obtener recursos para la energía que necesite el país”,
afirma Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica (CAAAP).
“Las comunidades
indígenas alrededor del Lote 192 están amparados por la Ley de la Consulta
Previa y también por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo). Se les tiene que consultar”. “De lo que se trata aquí es de un tema
de derechos: derecho a la tierra, a los recursos naturales, a la consulta misma
que están en juego”, explica Ana Leyva, abogada de la Fundación Ecuménica para
el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
Las comunidades
indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en
la selva loretana, conviven desde los años setenta con la exploración y
explotación petrolífera, inicialmente bajo la compañía Occidental Petroleum
Corporation of Perú (Oxy) y desde el año 2000 por Pluspetrol. De este lote se
extrae casi el 12% de la producción nacional de petróleo. “Se trata de un lote
estratégico para el Perú porque si se deja de explotar, se paralizaría la
industria en el país, se paralizaría el país en realidad”, explica Vega.
“Sería muy grave que
el Ejecutivo rompa el diálogo o que recurra a la extensión del contrato. Las
organizaciones indígenas en estas zonas han tenido-y siguen teniendo- una
capacidad de respuesta pacífica, empleando todos los recursos legales que el
mismo Estado ha aprobado. Pero creo que también estas organizaciones estarían
dispuestas a defender su territorio y sus derechos. Creo que se generaría una
situación de ingobernabilidad, de escalamiento del conflicto a una situación
muy grave que podría ser inmanejable”, sostiene el investigador del CAAAP.
El contrato de
concesión de Pluspetrol sobre este lote vence en 2015, por ello las comunidades
demandaron al Estado el cumplimiento de cinco demandas mínimas,-como la
remediación de la contaminación o indemnización, entre otras-, antes de la
realización de la consulta previa anunciada. Sin embargo, el Estado no las ha
cumplido hasta el momento y esto ha provocado
el estancamiento del proceso.
“Desde
el Gobierno ha habido la idea de que la consulta previa era un proceso que solo
se podía resolver diciéndole a los pueblos indígenas los beneficios económicos
que se pueden obtener de la actividad petrolera. Mientras para el Gobierno la
intervención del territorio tiene que ver básicamente con la evaluación de
costos y beneficios, para los pueblos indígenas constituye un espacio a partir
del cual se estructura toda su vida”, afirma Vega.Fuente: Grupo Técnico de las Federaciones Indígenas (Federación Indígena Quechua del Pastaza- Fediquep y Feconat- Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre) integrado por el Instituto de Defensa Legal, Solsticio Defensa Indígena, Oxfam, Fedepaz, RainforestNY.
