XII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Resumen Ejecutivo

El XII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz por sexto año consecutivo, presenta el monitoreo de 5 zonas de intervención: Piura, Cusco, Cajamarca, Apurímac y Junín.

El informe de conflictos de la Defensoría reporta que en mayo último se registraron 225 conflictos, los conflictos socio ambientales representan el 66,2%,  149 casos, los vinculados a la minería: 108 casos, e hidrocarburos: 19. A mayo de 2013, según el mapa de concesiones mineras el 21% del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir más de 26 millones de hectáreas.

En este semestre se reporta la reactivación de conflictos que marcarán la pauta de la segunda mitad del año, como es el caso del conflicto Conga en Cajamarca, sin visos de solución y diálogo por parte del gobierno. Los reportes de Apurímac muestran que es la región con mayor conflictividad en el país. En regiones vecinas, como Cusco, Puno y Arequipa, también se presentan escenarios de reactivación de conflictos, por lo que hay que observar con mucha atención el sur andino del país.

Ello se debe a la tendencia de expansión de las inversiones mineras en estas regiones. Según las estadísticas del propio Ministerio de Energía y Minas, regiones como Apurímac ya encabezan los flujos de inversión en nuevos  proyectos mineros: Apurímac ocupa el primer lugar captando el 20.88% de los montos de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros. Solo el proyecto de Las Bambas demanda una inversión de más de US$ 5,200 millones. Todo indica que el sur andino, se va a convertir en los próximos años en el centro de expansión minera, que tendrá en el cobre al principal mineral de explotación.

El informe OCM identifica que uno de los focos de conflictos es el entrampamiento de la aplicación de la ley de Consulta Previa. Este  06 de setiembre próximo se cumplirán dos años de la promulgación de la Ley de Consulta, sin que se haya realizado proceso alguno, por lo que han surgido nuevos conflictos debido a la negativa de aplicar la consulta previa, como es el caso de Cañaris, Lambayeque. La comunidad de Cañaris reclamó este año ser respetada como pueblo indígena y por ende, apela a la consulta previa, debido a la presencia de la canadiense Candente Copper, que tiene intenciones de extraer cobre en esta zona.

En el primer año del gobierno de Ollanta Humala se dieron avances en la legislación de la Consulta Previa, se cuenta con una ley y su reglamentación, sin embargo el segundo año se vienen dando retrocesos para su aplicación, en un primer momento el gobierno anunció  que 14 empresas no pasarían por el proceso de consulta, y se ha decidido no publicar la Base de Datos de Pueblos Indígenas.

El OCM reporta que hay que hacer un seguimiento al paquete de medidas que se viene promoviendo para salvaguardar la inversión en nuestro país. El 25 de mayo último, mediante Decreto Supremo 060-2013-PCM, se dispuso agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en un lapso menor a 100 días, bajo la amenaza de sanción a los funcionarios que no cumplan con los plazos. Una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representa los EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos y el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) recién comenzará a operar plenamente a finales del próximo año.

El segundo paquete de reformas viene con la sanción a los funcionarios públicos que “traben” la inversión en nuestro país, la sanción podría ser hasta con 74 mil nuevos soles, lo que equivalen 20 unidades impositivas tributarias (UIT).

Estas normativas pretenden agilizar la cartera de proyectos mineros. Un reciente estudio de Peru Top Publications dio a conocer que existe un portafolio de 54 proyectos valorizados en 56,540 millones de dólares hasta el 2020 en nuestro país. Del total de estos, 17 poseen Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados por más de 22 millones de dólares, los cuales podrían ejecutarse entre este año y el 2016.

Caso Apurímac. Este 2013 Apurímac registra que el 64.8% de su territorio se encuentra concesionado, más de un millón 353 mil hectáreas, 6% más que el año 2012, la provincia con mayor concesión es Cotabambas: 97.83% de su territorio está concesionado a la minería.

La inversión china podría ingresar con fuerza en la zona. De acuerdo a las últimas informaciones, dos empresas chinas estarían interesadas en el proyecto Las Bambas. Existe una propuesta de Chinalco Mining Corp. Internacional. Sin embargo, las empresas chinas no se caracterizan por tener los mejores antecedentes. Muchas de ellas son infractoras de los estándares ambientales y no respetan los derechos de los pobladores donde han instalado sus minas, en diversas partes del mundo.

En la comunidad de Pumamarca ha ocurrido un caso escandaloso, la empresa Xstrata adquirió tierras para la construcción de carreteras y un campamento a tan solo veinte céntimos el metro cuadrado. Además, se comprometió en algunas labores sociales a favor de la comunidad, pero ello nunca ocurrió.

Además, las quejas en torno al proyecto Las Bambas continúan, debido a que no hay acuerdos con los lugareños. Hay una desconfianza de parte de los pobladores  de Cotabambas y  ello  podría generar un futuro conflicto social.

Caso Cusco: El 23% del territorio cusqueños está concesionado a la minería. La provincia con mayor concesión es Chumbivilcas que tiene el 77.38% de su territorio concesionado.

Está comprobado mediante el Informe del  MINAM que existe contaminación en la Provincia de Espinar, asociada a la actividad minera Xstrata Tintaya. El 100% de las personas que viven en las comunidades directamente afectadas por Xstrata Tintaya se encuentran expuestas a las presencia de metales.

En esta región se sigue dando de manera sostenida el crecimiento minero, que se hace evidente con la ejecución de nuevos proyectos mineros. En algunos casos se ha identificado algunas tensiones entre las empresas y las poblaciones de las zonas de influencia. Por ejemplo, en Chamaca hay  tensión y preocupación frente al proyecto Constancia de la empresa minera Hudbay Minerals, dicha empresa tiene pésimos antecedentes, como la acusación por negligencia por el asesinato del líder indígena Adolfo Ich en  Guatemala, 2009; violación en grupo de 11 mujeres, entre otros.

De otro lado, el caso Majes Siguas ha vuelto a la agenda. Autoridades locales han solicitado estudios que permitan analizar los cursos hídricos en todas las estaciones del año, y así poder tener un resultado completo, mientras que el gobierno central anunció que se presentará el Estudio técnico de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta del Río Apurímac. Para la población este estudio resulta insuficiente, y no están de acuerdo con los plazos que se han establecido para dicho estudio, por lo que amenazan con tomar medidas de fuerza.

Caso Cajamarca: Esta región tiene concesionado el 44.8% de su territorio, el distrito de Bambamarca está concesionado en un 90.17%.

A pesar que se paralizó la actividad minera entorno al proyecto Conga,  Yanacocha ha seguido trabajando cerca de la laguna El Perol, han continuado las ejecuciones de obras en la zona, como el inicio de la construcción de los reservorios. Las movilizaciones de las organizaciones sociales de Celendín y Bambamarca hacia las lagunas que el proyecto Conga pretende afectar, muestran que este conflicto sigue sin solución y sin procesos de diálogo.

Hace un mes (17 de junio) cuando los pobladores de Bambamarca y Celendín llegaron a la Laguna el Perol constataron que, además de los trabajos para un reservorio, se vienen haciendo remoción de tierra en un cerro cercano.

Por otro lado, el proceso de diálogo respecto al cerro La Shacsha, que confronta a los pobladores y autoridades de Baños del Inca, se ha estancado, pues la empresa sigue desconociendo la ordenanza que declara el cerro como una zona intangible.

Caso Junín: Más de un millón de hectáreas de su territorio se encuentra concesionado, es decir un 26.9% de su territorio. Siendo la provincia de Morococha la que mayor concesión minera tiene: 69.92%.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, expresó que el gobierno desea que continúen los trabajos en el complejo metalúrgico de La Oroya, pero con un nuevo inversionista. Right Business, administradora de Doe Run desde el 25 de mayo del año pasado, tiene un plan de reestructuración que requiere un financiamiento de US$ 760 millones. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) exigió al Grupo Renco, propietario de Doe Run, se abstenga de intentar obtener cualquier tipo de indemnización del Perú.

También está el caso de Morococha. Siguen las resistencias por el proceso de traslado de ese  distrito. La minera Chinalco quiere trabajar ahí y ha construido un nuevo lugar para reubicar a 3500 residentes. Según la compañía, el 77% de los hogares, es decir, cerca de 900 familias, ya aceptaron mudarse. Todavía no se llega a un consenso final en este caso.

Caso Piura: El 31% de territorios de esta región está concesionado a la minería.

Aparentemente en esta región se trata de reactivar la actividad extractiva, como es el caso de la posible reactivación del proyecto minero Tambogrande. El pasado 10 de mayo se publicó la Resolución Ministerial 102-2013-PCM  que creó una mesa de trabajo para el desarrollo de este distrito. Su particularidad es que es presidida no por autoridades locales sino por el mismo Ministerio de Energía y Minas.

Este hecho llama la atención si recordamos que la población de Tambogrande se opone desde la década de 1980 a la explotación minera y prefiere apostar por el desarrollo agroexportador y la conservación de sus bosques secos, propios del norte de nuestro país.

Igualmente, este año, la compañía china Rio Blanco Copper  S.A. reabrió sus oficinas en Huancabamba. Además, un grupo de inversionistas, resguardados por efectivos de la Policía Nacional, visitó la zona de influencia del proyecto minero.  Ello puso en alerta a las rondas campesinas de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Así, las rondas campesinas de ambos lugares respondieron con una serie de movilizaciones: la más grande fue en el mes de mayo en la ciudad de Piura y sumó a más de 2000 agricultores de Tambogrande, Suyo y Las Lomas

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Fuente: CooperAcción.