Tania Pariona, joven lideresa de Ayacucho, remarcó que
procesos de consulta requieren promover la afirmación de las identidades
indígenas en el país
La ideología racista sobre la cual se asienta la
estructura de nuestra sociedad y gobierno dificulta la aplicación del derecho a
la consulta previa libre e informada, manifestaron este viernes en Lima
representantes del Estado y líderes indígenas del Perú en el taller organizado
por la Federación Iberoamericana de Ombudsman FIO y la Defensoría del Pueblo de
este país.
“Tenemos un Estado, en el cual los funcionarios piensan
básicamente en solo una cultura, la propia. La capacidad para poder
relacionarse con culturas distintas es muy limitada” expresó Iván Lanegra,
viceministro de Interculturalidad.
Para Lanegra, el cambiar la mentalidad de los encargados
de aplicar la consulta requerirá más que un aprendizaje sobre los derechos de
los pueblos indígenas. De acuerdo al viceministro la modificación de estas
actitudes racistas “se logrará a largo plazo, después de un proceso muy largo
de práctica, acción y relacionamiento con los pueblos indígenas”.
Sobre los cuestionamientos en la elaboración y
pertinencia de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, a
ser usada en los procesos de consulta previa, Lanegra señaló que este
instrumento “no va a definir quién es indígena y quien no, sino al titular del
derecho colectivo”.
“Sentimos que la ideología de la discriminación y de
racismo está tan asentada en cada uno de nosotros que no permiten que se implemente
normas como la consulta”, manifestó la joven lideresa quechua, Tania Pariona,
en representación de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú.
Pariona señaló que para realizar un verdadero proceso de
consulta los funcionarios de Estado deben entenderla no solo como una medida
administrativa más, sino como un derecho que ostentan los pueblos indígenas y
que por ende debe ser respetado. Asimismo, que se requiere “promover la
afirmación de las identidades indígenas en el país”.
“Hablar del proceso de consulta no debe remitirse solo a
las cifras. Al número de reuniones o a la cantidad de participantes”, explicó
la también integrante de la Organización de Jóvenes Ñuqanchik de Ayacucho.
Pariona insistió en que es obligación del Estado el que los procesos de
consulta velen por los intereses de los pueblos indígenas al ser ellos también
ciudadanos de este país.
“Nosotros no estamos negándole el desarrollo a nuestro
país”, explicó Ruth Buendía, presidenta de la Asociación de Comunidades
Asháninkas del Río Ene CARE. En 2011, Buendía y su organización promovieron
procesos de consulta internos, movilizaron a su pueblo y lograron que la
empresa Odebrecht desista de construir una hidroeléctrica en su territorio.
Buendía señaló que el pueblo asháninka busca consolidar
procesos de consulta de buena fe con el Estado y sin corrupción. Su único deseo
es que no sean otros grupos los que se beneficien económicamente de la riqueza
natural de sus comunidades sino que esta “se distribuya a nuestros pueblos para
asegurar su desarrollo”.
Los Defensores del Pueblo de los países de América Latina
culminaron el encuentro con una declaración en la que se denunció la situación
de pobreza y discriminación que afectan a los pueblos indígenas en la región.
En el texto, los Defensores aseguraron que “garantizar el
derecho a la consulta previa permite que los indígenas formen parte del proceso
de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y su bienestar”.
La Federación Iberoamericana de Ombudsman FIO es la
agrupación que reúne a Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados y
Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países
iberoamericanos.
La cita en Lima tuvo
como objetivo reflexionar sobre los avances y retos en la implementación del
derecho a la consulta previa en los países de la región. Este encuentro
representó una oportunidad para seguir avanzando en la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas.
Fuente: Chirapaq