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| (Foto:Servindi) |
Escribe:
Julia Cuadros Falla
Nos hacemos
esta pregunta, porque por un lado vemos los esfuerzos desde el Ministerio del
Ambiente en materia de normatividad sobre pequeña minería y minería artesanal,
la diferenciación entre minería informal y minería ilegal; y por otro lado el
discurso retórico de la Presidencia del Consejo de Ministros o la indolencia de
Ministerios como el de Energía y Minas, o Economía y Finanzas.
Si realmente hubiera la voluntad de resolver el gran problema de la informalidad e ilegalidad de la minería en pequeña escala, se deberían atender, entre otras medidas, las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo hizo en su Informe Especial sobre Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú.
Las concesiones mineras continúan creciendo en nuestro país. Hablando de concesiones mineras tituladas, tenemos que en el régimen de Minería Artesanal, entre Noviembre de 2010 a Junio de 2013, los titulares de concesiones crecieron de 9,900 a 12,300, un 20% aproximadamente. Es decir, continúa creciendo el número de concesiones lo cual agrava aún más el problema, porque muchas de esas concesiones o se convertirán en operaciones legales o en el peor de los casos serán tomadas por mineros ilegales.
Mientras que el área concesionada para minería artesanal creció de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas.
De las
aproximadamente 70 mil Declaraciones de Compromiso presentadas a noviembre de
2012, a agosto de 2013, sólo 20,875 mineros habían iniciado el trámite de
formalización, de los cuales sólo 3,317 pequeños mineros y mineros artesanales
contaban con título de concesión minera y la diferencia consignada en el Anexo
2 del DS 032-2013-EM que no contaba con título, sólo había manifestado su
voluntad de suscribir convenios de explotación.
La diferencia entre las cifras declaradas es más que notable con la realidad exorbitante de la minería informal e ilegal en el país.
Si de lo que se trata es de ordenar la minería en pequeña escala, una primera medida de gobierno debiera dar es la moratoria o suspensión de las concesiones mineras hasta que no se den pasos seguros hacia el ordenamiento y formalización.
La diferencia entre las cifras declaradas es más que notable con la realidad exorbitante de la minería informal e ilegal en el país.
Si de lo que se trata es de ordenar la minería en pequeña escala, una primera medida de gobierno debiera dar es la moratoria o suspensión de las concesiones mineras hasta que no se den pasos seguros hacia el ordenamiento y formalización.
Obviamente
la otra medida es inversión pública en el sector de pequeña minería y minería
artesanal. Sin ir más lejos, los pequeños productores mineros y los mineros artesanales
requieren de apoyo tanto del Estado como de colegios profesionales,
universidades, para elaborar a bajo costo los Instrumentos de Gestión Ambiental
Correctiva (IGAC)
Ello debe
ir acompañado del fortalecimiento de capacidades y de recursos económicos para
los Gobiernos Regionales que tienen la gran tarea de la formalización en sus
manos. Por ejemplo la Región Arequipa ha
recibido 17,000 Declaraciones de Compromiso; si sólo 1,000 IGAC fueran
presentados hasta el 19 de Abril de 2014 en que se vence el plazo, se requerirá
más personal capacitado, de los 5 que Arequipa tiene actualmente, para que la
aprobación del IGAC no sea un trámite administrativo, sino que sea un
instrumento de gestión ambiental realmente útil, que permita remediar los daños
ya producidos por la actividad en pequeña escala informal y prever impactos
ambientales futuros.
La
interdicción contra los mineros ilegales tiene que continuar, pero es
insuficiente, tiene que haber más apoyo estatal a la formalización, con
recursos y capacidades y no dejar solos a los Gobiernos Regionales en esta
tarea.
Estas
acciones deben hacerse en diálogo y con la presencia de los representantes
legítimos de los PPM y PMA que tienen la voluntad de formalizarse y que han
iniciado los trámites. Repetimos, se requiere una intervención multisectorial,
donde se articulen varias estrategias: formalización, desarrollo tecnológico,
diversificación económica, fortalecimiento de servicios públicos, educación,
salud.
Solucionar
un problema de la magnitud de la minería informal e ilegal en nuestro país va a
ser un esfuerzo largo y tremendo para el Perú y para cualquier gobierno;
reconocemos que no hay soluciones sencillas y que en este caso son muy
complejas y requieren ser abordadas con inteligencia y voluntad política. El
país tiene el reto de revertir la tendencia a un crecimiento explosivo y
descontrolado de estas actividades, diseñando un camino y estrategias claras y
articuladas entre todos los sectores, hacia un desarrollo que mejore la vida de
peruanos y peruanas.
Fuente: CooperAcción