Los nativos de la etnia amazónica de los Maijuna, pertenecientes a la familia lingüística de los Tucano, participarán en pocas semanas en la primera Consulta Previa organizada en el marco del nuevo reglamento.
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Rolando Luque Mogrovejo. Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. (Foto: Defensoría del Pueblo)
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Agrupados en cuatro comunidades, los Maijuna no son más de quinientos individuos. Si bien el español ha ido reemplazando al tucano y las escopetas a las cerbatanas, mantienen viva su cultura ancestral.
A lo largo de su historia padecieron el azote de los caucheros y de los colonos enfebrecidos con la explotación del bosque. Hoy la educación que reciben es de ínfima calidad y las atenciones médicas muy irregulares.
Entienden que la creación del área de conservación es una oportunidad para utilizar racionalmente sus recursos e impedir el avance depredador de los madereros ilegales. Sin perder de vista la modernidad, los Maijuna tienen la mira puesta en la comercialización del aguaje y en el ecoturismo. En ese afán cuentan con el apoyo del gobierno regional de Loreto.
Pero la historia de la consulta previa no empieza ni termina con los Maijuna.
Es importante recordar que el 5 de junio del 2009, murieron 33 personas entre civiles y policías, en Bagua. Un paquete de decretos legislativos, promulgados por el gobierno anterior, al amparo de facultades legislativas extraordinarias, y considerados lesivos a los intereses indígenas, fue la causa de movilizaciones que, en su momento más álgido, se extendió a casi toda la Amazonía. La etnia Awaruna-Huambisa mantuvo su protesta 58 días ininterrumpidos en la Curva del Diablo hasta que se produjo el trágico desenlace, cuatro años atrás.
Lo más agraviante es que nadie les hizo ni media pregunta sobre normas que impactarían en sus vidas, a pesar que la Defensoría del Pueblo había alertado con 14 meses de anticipación la creciente gravedad del conflicto.
¿Qué estaba ocurriendo en la relación entre el Estado y este sector de la población? La respuesta no es sencilla.
Se puede entrever elementos de menosprecio que menoscabaron su condición de interlocutores; un afán desmedido por ubicar las inversiones en el lugar más alto de la escala de valores; y, ciertamente, el viejo problema de creer que las políticas y hasta el sentido de la historia del Perú se irradian desde Lima, ignorando la complejidad y el vigor con que discurren los procesos sociales y políticos locales.
Así como hay autoridades en la centralidad del poder también hay apus en las comunidades. El Estado democrático debe tener tiempo para hablarles de tú y vos.
La tragedia de Bagua y la obligación internacional del Estado con el Convenio 169 de OIT -17 años incumplida-; y, especialmente, la necesidad de acortar las distancias para armonizar intereses entre sujetos históricos distintos, han producido una ley de Consulta Previa y un reglamento que son el marco jurídico con el que debemos encarar el reto.
Es extraña, sin embargo, la suerte de la consulta. Aún no ha sido probada y los embates contra ella menudean desde varios frentes.
Unos dicen que bloqueará las inversiones o que generará más conflictos. Los más escépticos hablan de una moda, seguramente insustancial y pasajera. Otros se preparan para ensanchar el terreno de la consulta atándola a una agenda histórica hecha de títulos de propiedad, salud, educación, infraestructura, etc., sin descartar la pretensión de vetar las normas o medidas administrativas que se pongan a su consideración.
En estos casos nada hay nada más efectivo que pasar de inmediato a la experiencia.
Allí se verá si la oposición a las inversiones es cerril, ideológica, o de un ambientalismo sacrosanto; se verá también si el Estado ha adquirido una mirada intercultural de las cosas; y, si la información, la logística, la capacidad profesional garantizarán consultas bien hechas.
Una primera experiencia, claro está, guiada por la buena fe. Porque también se puede dejar agonizar una institución que apenas nace, acudiendo a ella de mala gana y sin recursos.
Los latinos equiparaban la bona fides a la honradez y la convicción. Y es esto lo fundamental: la convicción al más alto nivel de que la consulta legitima la relación entre comunidades históricamente postergadas, el Estado y las empresas, y previene conflictos sociales. No es un recurso utilitario y ocasional sino un atributo del Estado democrático que deseamos fortalecer.
Hay que ir a la consulta previa sin prejuicios y sin dobleces, confiando en que la distancia más corta entre dos personas es el diálogo de buena fe. Lo que de él resulte deberá ser fielmente respetado por todos.
Fuente: Blog de la Defensoría del Pueblo
