La forma como se están llevando los procesos
judiciales que buscan sancionar las responsabilidades de los lamentables
sucesos ocurridos hace cuatro años, y que
inclinan la balanza de un solo lado para que los indígenas carguen con
todo el peso de la ley, es la prueba clara de que la tragedia de Bagua no
termina.
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| (Foto: La Mula) |
No es solo que los
procesos estén avanzado lento, sino que ahora la Sala competente se rehúsa a
seguir llevando el caso. Los líderes indígenas se encuentran inmersos en
procesos que están en las antípodas de la interculturalidad. Y, además, todo indicar
que solo se les hará responsables a ellos
y a los policías con quienes se enfrentaron por causa de un pésimo
operativo de desalojo que, por su magnitud, no podía sino contar con la
anuencia y conocimiento de los altos funcionarios del gobierno.
Así, el sufrimiento de los indígenas y de los familiares de
los policías que ha sido ocasionado por “el gobierno de la política del perro
del hortelano” no termina y, por el contrario, se prolonga en lo que ya parece
un baguazo judicial, con este nuevo gobierno, el que traería “la gran
transformación”.
Por eso, con motivo de la presentación del libro “La verdad
de Bagua”, el pasado 14 de junio, muchos de los protagonistas de este drama no
resuelto expresaron su indignación y
preocupaciones. Estuvieron presentes Jesús Manacés y la hermana Mari
Carmen Gómez, quienes han escrito el Informe en minoría que está completo en el
libro, y que expresaron su preocupación
por el camino que siguen los juicios, por las responsabilidades que tienen la
ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y otros miembros del Gabinete
aprista que se han librado de polvo y paja. Recientemente, ella declaró- ante
la indignación de todas las víctimas de este proceso, que estos temas no le quitan el sueño.
En el evento estuvo presente la viuda del suboficial José
Antonio Vilela, muerto en la Curva del Diablo, que pidió también un juicio
justo para sus hermanos indígenas, ya que ella también es indígena yanesha.
Entre el público estaban hermanas de la Iglesia católica que trabajan en el río
Santiago, Chiriaco y Santa María de Nieva, estudiantes, defensores de los
derechos humanos, profesionales y uno de los accionistas de la minera Afrodita,
quien ofreció puertas abiertas para que, en búsqueda de la verdad, se comparta
información respecto de su actuación en la Cordillera del Cóndor. Recordemos
que una de las causas del conflicto fue el recorte del parque Ichigkat Muja en
el Cenepa, y el funcionamiento de esa minera en la zona del Cenepa sin la
consulta previa a la población awajún. (Esta empresa ha sido aludida tanto en
el Informe Final de Guido Lombardi, como en el Informe en minoría de la hermana
Gómez y
el dirigente Jesús Manacés).
Fue momento para recordar, además, que en Bagua se había
perdido hermanos, compañeros indígenas,
padres, hijos. Se hizo hincapié en que los procesos de Bagua, más que trámites
judiciales, son delicados dramas que han enlutado a muchas familias y organizaciones.
Pero no solo eso, el Estado perdió la oportunidad de “amistarse” con los
pueblos indígenas, y más bien lo que hizo fue ahondar la incomprensión estatal
respecto de las demandas indígenas. Y fue momento también para que quedara
claro, en palabras de Jesús Manacés, que todos los responsables deben asumir
sus delitos, incluso los indígenas (pero no solo ellos).
El sistema de justicia se justifica y legitima,
precisamente, en la actuación que despliegue frente a hechos como éste. Hasta
hoy está jalado, por lo que le urge a
las autoridades como Javier Mendoza (Poder Judicial), José Peláez (Fiscal de la
Nación) y Máximo Herrera (Consejo Nacional de la Magistratura), identificar una
política judicial y fiscal que ponga en relieve el caso para proveer de los
adecuados recursos humanos y logísticos, así como para evaluar y corregir las
faltas al debido proceso desde una perspectiva intercultural. Es su
responsabilidad.
Fuente: Justiciaviva.org.pe
Fuente: Justiciaviva.org.pe
