Por: Magali Zevallos Ríos
Gobierno se niega a publicar base de datos sobre pueblos indígenas y excluye de procesos de consulta a comunidades de costa y sierra donde está concentrada actividad minera.
La aplicación de la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que los afecte directamente, en vigencia desde hace poco más de un año, viene teniendo enormes retrocesos en el Perú. Bajo el paraguas de la caída de los precios de los metales y la desaceleración del crecimiento económico de China y Europa, a fines de abril el gobierno exoneró temporalmente de la consulta previa a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del país y que se encuentran en fase de exploración.
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| (Foto: CooperAcción) |
Tras las declaraciones del presidente Ollanta Humala el 28 de abril, quien afirmó que las comunidades indígenas con derecho a la consulta se encuentran en la selva y no en la costa y sierra, han salido los voceros del gobierno con el discurso de que un país competitivo no puede poner trabas a la inversión. Con la premisa de la reducción de la pobreza, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) Jorge Merino señaló que “tenemos un stock de inversiones mineras por US$54 millones” y que éstas deben desarrollarse en el menor plazo posible para seguir recaudando fondos para los programas sociales impulsados por el Ejecutivo.
El actual gobierno había dado importantes pasos con la ley y reglamentación de la consulta previa, aunque esta última recibió cuestionamientos de los pueblos indígenas porque no recogió sus aportes. En setiembre del 2011 Humala promulgó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios en un acto simbólico en la ciudad nororiental de Bagua, lugar donde fallecieron 34 personas, entre policías y civiles, tras un violento enfrentamiento ocurrido en junio del 2009 a consecuencia de una protesta contra la promulgación de una serie de decretos legislativos emitidos por el entonces presidente Alan García (2006-2011) con los que pretendía abrir las tierras amazónicas indígenas a la inversión privada sin haberles consultado.
“La promulgación de la ley en Bagua parecía marcar una nueva relación con los pueblos indígenas, pero empezó a primar el discurso de que los pueblos indígenas y la consulta previa constituyen trabas a la inversión”, señala a Noticias Aliadas la congresista Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre el seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa del Congreso de la República.
Conflictos por concesiones
El interés de excluir a la costa y sierra del proceso de consulta se debe a que en estas regiones se encuentra concentrada la actividad minera del país. El mapa de proyectos mineros del MEM reporta que en la costa y la sierra hay 50,516 concesiones mineras vigentes, mientras que en la selva sólo 3,754.
El mapa de superposición de las tierras de las comunidades campesinas y nativas amazónicas con las actividades mineras —incluido en el más reciente Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, publicado por las organizaciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz en diciembre pasado— grafica que 49.6% del territorio de las comunidades campesinas en la sierra tienen concesiones mineras, y la superposición de la minería en territorios de las comunidades nativas amazónicas sólo representa el 1.4%.
“Si el Estado no aplica la consulta previa en la costa y sierra habrá un escenario de conflictividad que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”, sostiene Mendoza. “No debemos olvidar penosos episodios por no optar por mecanismos de diálogo, hemos perdido valiosas vidas por la imposición de proyectos extractivos, en el caso Bagua, Cajamarca y Espinar”, en referencia a los conflictos socioambientales contra el proyecto aurífero Conga, en el departamento norandino de Cajamarca, y la mina cuprífera Tintaya, en la provincia cusqueña de Espinar, que dejaron 17 muertos entre fines del 2011 y mediados del 2012.
La legisladora advierte además que las comunidades, amparadas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, podrían demandar al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Por no respetar el derecho a la consulta tendríamos que asumir todos los costos que implique la denuncia, gastos administrativos, de defensa, indemnización y reparación”, dice.
La negativa del ministro de Cultura Luis Peirano de hacer pública la base de datos de los pueblos indígenas es otro entrampamiento del gobierno para no hacer viable el proceso de consulta, y a un año de aprobarse el reglamento que permitió la entrada en vigencia de la ley en abril de 2012, se desconoce qué poblaciones están sujetas a este derecho.
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Fuente: Noticias Aliadas
