Frente a la manera como el Poder Ejecutivo viene abordando la implementación de la consulta previa, el grupo de instituciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por:
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| (Foto: CepesRural) |
1. La marcha atrás en el ejercicio efectivo del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que los afecten, tales como el otorgamiento de concesiones o de autorizaciones para la extracción de minerales o hidrocarburos.
2. El hecho de que hasta la fecha no se dé a conocer la base de datos de pueblos indígenas puede interpretarse como un indicador de la falta de voluntad política para implementar la consulta.
3. Las declaraciones del presidente Ollanta Humala a la prensa donde da a entender que la consulta es un derecho solo de las comunidades nativas. Esto expresa la intención del gobierno de restringir el derecho a la consulta solo a una parte de los pueblos indígenas, excluyendo otras comunidades indígenas, como por ejemplo las de la sierra peruana.
Esta nueva interpretación de lo que se entiende como pueblo indígena contradice lo manifestado en el Convenio 169, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Ley de consulta, donde se establecen criterios objetivos y subjetivos para definirlo, criterios que las comunidades campesinas pueden cumplir.
4. El anuncio reciente del gobierno de impulsar al menos 14 proyectos mineros ubicados en la sierra peruana sin consulta previa. Esta decisión debe ser revisada porque los proyectos están ubicados en zonas alto-andinas ocupadas por comunidades campesinas que deberían ser consultadas. El que no se les consulte sobre estos proyectos de inversión supondría desconocer su condición de pueblos indígenas u originarios, así como los derechos que les asisten.
5. La infundada percepción del gobierno de que con la consulta previa a los pueblos indígenas se puede ahuyentar las inversiones. En años recientes, varias compañías petroleras y mineras han adoptado políticas internas favorables a conseguir la aprobación de las comunidades antes de operar y el IFC del Banco Mundial ha incorporado también estas políticas en sus estándares. De lo que se trata es de contar con unas inversiones social y ambientalmente responsables y disminuir la alta conflictividad social existente en nuestro país.
6. El Perú tiene el desafío y el deber de implementar la consulta previa a los pueblos indígenas, con estándares que permitan un ejercicio real de sus derechos y la expresión de sus intereses. De lo contrario, estaremos nuevamente ante un mecanismo formal, como tantos otros, que no se constituyen en canales institucionales para un diálogo real entre dichas poblaciones y el Estado.
Por todo ello, invocamos respetuosamente al gobierno del Presidente Ollanta Humala a reconsiderar su posición y a establecer los cimientos de una institucionalidad estatal indígena, propiciando un procedimiento de consulta previa que respete las normas internacionales, así como las particularidades socioculturales de los diferentes pueblos indígenas del país.
Firman:
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
CooperAccion
Derecho Ambiente Recursos Naturales – DAR
FEDEPAZ
Instituto de Defensa Legal – IDL
Programa Democracia y Transformación Global – PDTG
Red Muqui
Solsticio Perú
Oxfam
Fuente: Muqui "Red de Propuesta y Acción"
