Defensoría del Pueblo registra en
febrero 165 conflictos activos
La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 108, que da cuenta de 222 conflictos sociales al mes de febrero del 2013. De esa cifra, 165 (74,3 %) que se encuentran activos y 57 (25,7 %), en estado latente.
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El Reporte registra 147 conflictos
socioambientales (66,2% del total), manteniéndose la misma cifra de enero del
presente año. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local (20 casos
– 9 %) y por demarcación territorial (14 casos - 6,3%).
Las regiones Áncash (32), Apurímac (20) y
Puno (19) son las que concentran la mayor cantidad de casos. El Reporte señala
que la obligación principal para atender estos conflictos recae en el Gobierno
Nacional en 143 casos (64,4 %), seguido por los Gobiernos Regionales en 50
casos (22,5 %) y los Gobiernos Locales que cuentan con 21 ( 9,5 %).
De igual forma, se registraron seis
conflictos nuevos. De ellos, por asuntos de gobierno local se registraron dos
casos. El primero, involucra a la Municipalidad Distrital de San Marcos, en
Áncash, en el cual el alcalde fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones
por supuesto nepotismo, pero luego, habría intentado retomar su gestión,
amparado por una resolución judicial, lo que generó enfrentamientos. En el
segundo caso, los pobladores de Cancas (Tumbes) demandaron a la empresa Aguas
de Tumbes cumplir con la prestación del servicio de agua potable sin
restricciones.
En Apurímac, un caso socioambiental da
cuenta de que la comunidad campesina de San Juan de Chacña opone a la actividad
minera en la zona, debido a que un grupo de comuneros estaría realizando esta
actividad de manera informal, generando contaminación ambiental. En la
provincia de Oyón (Lima) se registró otro caso socioambiental, que daba cuenta
de la oposición de la Comunidad Campesina de Huacho a la construcción de una
Central Hidroeléctrica, como parte del proyecto Cheves, ya que aseguran se
afectarían sus cultivos.
En Puno surgió un caso por asuntos de
gobierno regional, en el cual la población de Juliaca demandó al Gobierno
Regional iniciar la construcción del Hospital Materno Infantil, pendiente desde
el año 2010.
El Reporte, también da cuenta de un caso
por asuntos de gobierno nacional, en el cual la Asociación de Mineros
Artesanales de Pataz, Región La Libertad, solicitó la intervención de las
autoridades competentes para solucionar el impase suscitado con la compañía
minera La Poderosa. Al respecto, se tiene conocimiento de enfrentamientos entre
mineros informales y personal de la Dirección de Operaciones Especiales
(DINOES), en los que se llegaron a registrar disparos de armas de fuego.
De otro lado, durante el mes de febrero, se
resolvió un conflicto social por asunto de Gobierno Local en el departamento de
Áncash, provincia de Huaylas, distrito de Pueblo Libre, en el que se
cuestionaba la falta de transparencia en la gestión municipal. En este caso,
luego de la revocatoria del cuestionado alcalde, ocurrida en octubre del 2012,
la alcaldesa accesitaria cumplió con realizar una audiencia pública para la
rendición de cuentas.
Asimismo, en dicho Reporte la Defensoría
del Pueblo expresa su preocupación ante los hechos de violencia y
enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y
manifestantes en contra de la actividad minera en la provincia de Cajabamba
(Cajamarca) que dejó el lamentable saldo de cinco civiles heridos.
En relación a los últimos acontecimientos
ocurridos en Andahuasi, la Defensoría del Pueblo ratifica su respeto a las
decisiones judiciales y hace un llamado a la calma a las partes involucradas en
el conflicto para evitar afectaciones a la libertad e integridad física de las
personas.
Por otro lado, el Reporte alerta sobre las
acciones de protesta anunciadas para el mes de marzo. En la primera de ellas,
la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris ha programado un paro indefinido a
partir del 16 de marzo. Una segunda está referida al anuncio del Comité Único
de Lucha de Cajamarca de iniciar medidas de protesta contra la Empresa
Yanacocha si no retira su maquinaria del Proyecto Minero Conga, dando como
plazo para ello hasta el 19 de marzo. En la tercera, autoridades de Baños del
Inca (Cajamarca) han anunciado medidas de fuerza contra la Empresa Yanacocha si
no suspende sus actividades en las inmediaciones del Cerro La Shacsha.
Ante este escenario, la Defensoría del
Pueblo reafirma su compromiso de seguir contribuyendo con la gobernabilidad
democrática y pide a las autoridades y a la población retomar la serenidad para
llegar a un entendimiento que permita encontrar la solución a los conflictos
sin llegar a la violencia.
Para una visión ampliada y detallada del
Reporte Mensual de Conflictos Sociales se invita a los interesados a visitar la
siguiente dirección electrónica:
