La Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura
condenó por delito de omisión de denuncia al ex Fiscal Provincial Mixto de
Huancabamba, Lorenzo Félix Toledo Leyva, imponiéndole tres años de pena
privativa de la libertad, inhabilitación por un año para asumir función pública
y el pago de S/. 6,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Al respecto, cabe resaltar que el referido ex
Fiscal se acogió al Juzgamiento Anticipado admitiendo los hechos contenidos en
la acusación fiscal y, como tal reconoció que los 28 campesinos fueron
torturados en el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes
llamada Majaz S.A.) y que omitió, en forma deliberada, denunciar dichas
torturas ante el órgano judicial competente.
Como sabemos los hechos de tortura acaecieron
entre el 1 y 3 de agosto del año 2005, en circunstancias que 28 campesinos se
encontraban arbitrariamente privados de su libertad, dentro de las
instalaciones del campamento minero de la Empresa Río Blanco Copper S.A.
FEDEPAZ, institución que patrocina a la
víctimas de tortura antes mencionadas, considera que la sentencia establece dos
hechos muy importante en la lucha contra la impunidad en casos de graves
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad: primero, que es
la primera vez que en nuestro país se condena a un ex Fiscal que incumpliendo
sus funciones, en forma deliberada, omitió denunciar graves hechos de tortura
y, segundo, que el reconocimiento de los hechos por el citado ex fiscal (por
los cuales ahora se le ha condenado) es una prueba irrefutable de que los 28
campesinos si fueron torturados con participación de la empresa minera Río
Blanco Copper S.A. (llamada en la fecha de los hechos Majaz S.A.)
Igualmente, expresa su satisfacción por este
importante pronunciamiento judicial en el que se reconoce que un funcionario
público (cuya función era garantizar el respeto a los derechos humanos de todos
los ciudadanos y denunciar los hechos que agravien esos derechos) no asumió su
delicada responsabilidad de denunciar oportunamente graves hechos criminales y
como tal que es merecedor de una condena penal, significando esta decisión
judicial un mensaje directo a todos aquellos funcionarios públicos que si
permiten, toleran, colaboran y/u omiten denunciar graves violaciones de
derechos humanos serán procesados y sancionados de acuerdo a ley.
Finalmente, estima que esta sentencia es un
segundo gran paso (el primero fue el pago de indemnizaciones a favor de los
torturados por parte de la empresa británica Monterrico Metals Plc matriz de
Río Blanco Copper S.A.) en la búsqueda de justicia para los 28 campesinos
torturados. Al respecto, cabe precisar que aún se encuentra pendiente el Juicio
Oral contra los autores mediatos y directos de las torturas.
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