Escribe:
Emma Gómez Moreno
Para
la empresa Doe Run Perú (DRP) y su dueño Ira Rennert parece no haber límite alguno.
En efecto, desde que están en el Perú no sólo han logrado que La Oroya sea una
de las ciudades más contaminadas del planeta, sino que han obtenido dos
extensiones de los plazos para el cumplimiento de su Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y así han postergado de manera indefinida
sus obligaciones ambientales, condenando a La Oroya y a su población a vivir
expuesta a una permanente contaminación por metales pesados. Ha sido tan
reprobable su comportamiento que hasta la propia Sociedad Nacional de Minería
la expulsó de sus filas.
No
conforme con esto, DRP encontró en el capítulo de inversiones del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos una herramienta para obtener una
indemnización millonaria de parte del Estado peruano. En efecto, haciendo uso
de los mecanismos de protección al inversionista extranjero del TLC, ha
iniciado un proceso de arbitraje internacional exigiendo el pago de 800
millones de dólares por haber recibido un supuesto trato injusto e inequitativo
en el Perú.
Luego
de alegar una supuesta crisis financiera y buscar justificar el reiterado
incumplimiento del PAMA, entraron en un proceso concursal ante el INDECOPI,
mediante el cual la junta de acreedores debía definir si la empresa sería
reestructurada o liquidada. Uno de los principales temas era determinar si el
PAMA sería reconocido como acreencia, lo que habilitaría al Estado a participar
en la junta. Finalmente el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en
representación de Estado peruano, fue convocado a la junta por una acreencia de
S/. 439.7 millones precisamente por el incumplimiento del PAMA, convirtiéndose
así en el mayor acreedor de DRP.
El
pasado 18 de enero, Doe Run planteó una demanda ante el Cuarto Juzgado
Transitorio Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Enma Bacilio
Salazar, argumentando que el incumplimiento de la construcción de la planta de
ácido sulfúrico, como parte del PAMA, no se puede tomar como una deuda a favor
del Estado peruano, y lo que más bien procede son sanciones administrativas, y
de ninguna manera una obligación patrimonial cuantificable. El propósito de
Rennert es que, mediante vía judicial, se deje sin efecto la resolución del
INDECOPI que reconoció al MINEM como acreedor principal de la insolvente
DRP.
El
proceso judicial, en el que según fuentes del MINEM y del INDECOPI se han
registrado irregularidades, ha avanzado excepcionalmente rápido y la magistrada
Bacilio Salazar emitirá sentencia en los próximos días. Esto es sumamente
preocupante si consideramos que el 22 de agosto la Junta de Acreedores del
Completo Metalúrgico de La Oroya se reunirá para evaluar un nuevo plan de
reestructuración financiera de DRP. En caso que la magistrada resuelva a
favor del multimillonario Ira Rennert, el MINEM perdería la condición de
principal acreedor y su lugar lo ocuparía nada menos que Doe Run Cayman,
empresa vinculada a DRP. Es decir, Ira Rennert recobraría el control de DRP, lo
que sería nefasto para La Oroya, los trabajadores y su población.
07
de agosto de 2012
CON
EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Mayor
Información
Dirección: Calle Berlín 1353, Lima 18 - Perú
Teléfono: ++51-1 4440316 / 4465385
Se agradece reproducir la información citando la fuente
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