“Existe una necesidad de fortalecer la
institucionalidad
ambiental en el país”
Urge
una reforma en la gestión ambiental que parta del fortalecimiento de la
institucionalidad ambiental en el Perú. Ese fue el planteamiento principal de
los panelistas que participaron en el conversatorio “Nueva Minería en el Perú.
¿Cómo, dónde y bajo qué criterios?”, organizado por Comunicaciones Aliadas en
alianza con la Red Muqui, realizado el 28 de agosto.
Ricardo Giesecke, ex ministro del
Ambiente, Carlos Monge, coordinador para América Latina de Revenue Watch
Institute, Ana Leyva representante de Red Muqui y Juan Pedro Chang,
dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, coincidieron
en señalar que el Perú requiere una única autoridad ambiental con poder de
decisión.
Giesecke
expresó que el Ministerio del Ambiente debe ser esa única autoridad ambiental
en el país y puso énfasis en la necesidad de fortalecer la autoridad ambiental
descentralizada.
“El
Ministerio del Ambiente tiene que ser la única autoridad ambiental, no puede
haber autoridades ambientales sectoriales, lo cual significa que el ministerio
se convierta en el responsable de los estudios de impacto ambiental. Asimismo,
se debe procurar la presencia del sector ambiente en las regiones, para que el
Ministerio del Ambiente esté físicamente bajo la égida del gobierno regional de
tal manera que se fortalezca la institucionalidad regional y local, en una sola
autoridad capaz de hacer el seguimiento de lo que se acuerde con los EIA”,
explicó el ex ministro del Ambiente.
Para
Monge, el debate que se ha iniciado en el país en torno a una nueva relación
con las actividades extractivas, en especial con la minería, forma parte del
escenario latinoamericano marcado por el
cada vez mayor peso que materias primas como minerales y petróleo tienen en la
canasta exportadora regional, lo que la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) denomina reprimarización de la economía.
Refirió
además que en Ecuador, Bolivia y Brasil se viene dando un debate sobre esta creciente
dependencia de las exportaciones de commodities
o materias primas.
“El debate peruano sobre nueva minería no es
un debate aislado. Esta es una tendencia regional porque en realidad somos
parte de este ciclo de auge que estamos viviendo en varios países a
consecuencia de esta creciente
dependencia de exportación de estos commodities. Conviene, más bien, pensar en
algo que estamos llamando una estrategia postextractivista, y que se encarna en
los debates de nueva minería, que ponga atención en la gestión del territorio, la conservación del ambiente y la protección de las bases de la
biodiversidad”, acotó Monge.
Por
su parte, Leyva expresó que esta nueva relación con las actividades extractivas
pasa por el tema de la implementación de una reforma en la gestión ambiental en
el Perú, la cual debe partir por el fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental en el país; es decir, que cuente con independencia en sus funciones y
capacidades, condiciones indispensables para un mejor desempeño.
Además,
destacó la necesidad de hacer confiable los instrumentos de gestión, este es el
caso de los estudios de impacto ambiental (EIA), que en la actualidad han generado gran debate
entre diferentes sectores.
Asimismo,
planteó que la reforma en la gestión ambiental debe contemplar la necesidad de que
el Estado; en calidad de garante de los
derechos y la protección del ambiente, establezca los términos de
referencia y monitoree el proceso de elaboración de los EIA, así como la
contratación y pago de las consultoras.
Finalmente,
Chang exigió que las concesiones mineras, extractivistas, cuenten con un
capítulo laboral. Señaló además que la minería genera sólo el 1.42% de los
puestos de trabajo en el país y sólo uno de cada cuatro trabajadores son contratados directamente por las empresas
mineras.
Chang
hizo referencia a la propuesta “Por una minería respetuosa del ambiente y de
los derechos de la poblaciones locales” que 20 organizaciones civiles y
partidarias han hecho llegar al presidente Ollanta Humala. Destacó entre las
propuestas señaladas por estas organizaciones el que se reviertan al Estado las
concesiones entregadas hace más de tres años que no hayan sido puestas en valor
por los concesionares.
Comparte
este planteamiento Red Muqui, que en su propuesta denominada “Agenda para el
cambio”, indica que también debieran revertirse al Estado las concesiones que
se superponen con zonas que prestan importantes servicios ambientales y que
tienen alto valor ecológico y cultural.
Ambas
propuestas coinciden en que es indispensable declarar una moratoria de
concesiones hasta después de que se implemente la Ley de Ordenamiento
Territorial.
Por
su parte Monge indicó que hay que redefinir el actual sistema de concesiones y
que las concesiones ya otorgadas deben ser revisadas, que lo que se apruebe
respecto a este tema tenga carácter retroactivo.
Con
el ruego de su difusión
Comunicaciones
Aliadas
Red
Muqui
