Presentan X Informe del
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Hoy en Lima se
presentó el Décimo Informe de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por
Cooperacción, Grufides y Fedepaz.
El reporte del
primer semestre del 2012, que fue presentado públicamente por José De Echave de
Cooperacción, Javier Jahncke de Fedepaz y Pablo Sánchez de Grufides, se
centra en el análisis de los conflictos mineros que afectan al país trazando un
retrato pormenorizado de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y
Cusco, donde se siguen evidenciando fuertes tensiones por el impacto de la
actividad minera en los recursos hídricos y ecosistemas frágiles, y por el
crecimiento de las concesiones mineras que ocupan actualmente el 20.7% del
territorio nacional.
Por cada región
se brindan mapas sobre el incremento de concesiones mineras y se evidencian los
principales hitos de los conflictos acontecidos en los últimos cinco años. El
documento también presenta una mirada sobre el manejo de los conflictos por
parte del actual Gobierno, no olvidando el lamentable dato sobre el numero de
víctimas, y añadiendo una comparación entre las declaraciones de Ollanta Humala
como candidato y como Presidente.
Al tomar la
palabra durante la presentación, José De Echave recordó que el informe, en su
quinto año de publicación, busca ser una herramienta de reflexión y de
investigación sobre los sucesos del país, destacando que en el Perú se nota un
marcado aumento tanto en el número como en la intensidad de los conflictos,
como también afirma la Defensoría del Pueblo en sus informes periódicos.
Destacó además que los conflictos generados no cuestionan simplemente proyectos
específicos, sino las políticas públicas de gestión del territorio y de los
recursos naturales, retomando la necesidad de ordenar el territorio del país
según sus finalidades, que era supuestamente una de las prioridades del Humala
candidato y presidente, dada a conocer en su discurso del 28 de julio del 2011,
y sobre lo que no se ha avanzado.
Javier Jahncke de
Fedepaz, trazó un balance de la situación en la Región Piura, la cual sigue
siendo amenazada por el incremento de las concesiones mineras que hoy ocupan el
31.4% de su territorio, y mostró su preocupación por el interés de la empresa
minera de capitales chinos Rio Blanco Copper S.A., mediante cartas dirigidas a
los Municipios de Huancabamba y Ayabaca, de retomar las actividades del
proyecto minero Rio Blanco, y con ello, de los cuatro tajos abiertos que
proyectan impulsar en las 29,000 hectáreas que tienen concesionadas en zonas de
ecosistemas frágiles y fuentes de agua, que brindan el recurso hídrico a toda
la región.
”El Alcalde de
Huancabamba ha respondido públicamente que será el Frente por el Desarrollo
Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) que agrupa a los Municipios,
Comunidades y Rondas Campesinas y organizaciones sociales de las provincias de
Ayabaca y Huancabamba en Piura y de Jaén y San Ignacio en Cajamarca, que en
Asamblea establecerá qué medidas tomar respecto de las intenciones de la
empresa minera”, afirmó.
Señaló también,
que éste caso reitera la necesidad de tener una política de prevención de los
conflictos, que escuche las demandas de la población a tiempo, y no busque sólo
la represión, criminalización y la supuesta conspiración detrás de ellos.
Por su parte,
Pablo Sánchez de Grufides comentó los graves sucesos de Cajamarca, evidenciando
la represión violenta de la protesta que hubo desde el primer día de
paralización, como testimonia el video de la agresión policial a una pobladora
y la violencia ejercida contra un periodista quien grabó lo sucedido. Informó
que las Rondas Campesinas iniciaron acciones legales en contra del Estado
Peruano ante instancias nacionales e internacionales.
Los ponentes en
general, destacaron la necesidad de revisar los temas de fondo que generan los
conflictos, como la necesidad de contar con una Ley de Ordenamiento
Territorial, políticas adecuadas para el otorgamiento de concesiones, protección
de ecosistemas frágiles y fuentes de agua, marcos normativos adecuados para el
sector minero y ambiental, institucionalidad ambiental sólida e independiente,
revisión del Sistema de Evaluación Ambiental, y la adecuada aplicación de la
Consulta Previa, para lo cual es necesario establecer una Base de Datos
adecuada que establezca con claridad que Pueblos Indígenas (Comunidades
Campesinas y Nativas) serán sujetos de consulta, y como pueden integrarse a la
Base de datos si no se les considera inicialmente.
La presentación
frente a los medios de comunicación dio también la ocasión para discutir de la
tendencia de gran parte de la prensa a caricaturizar los conflictos socio
ambientales, y la estrategia de generar temor en la población al especular que
detrás de las protestas está la presencia del terrorismo o del narcotráfico,
con el fin de descreditar las movilizaciones pacíficas.
Lima, 17 de Julio de 2012
Evelina C. Urgolo - Área de Prensa
Fedepaz – Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
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