El gobierno renuncia a su obligación de proteger a la población peruana y a sus recursos naturales
Ante las medidas establecidas por el gobierno para promover la inversión privada, FEDEPAZ debe manifestar lo siguiente:
1. Dichas medidas debilitan al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque los plazos establecidos en el procedimiento de aprobación de los EIA de proyectos del sector energía y minas son mucho más cortos y ello va contra el tiempo razonable que requiere la autoridad para realizar un trabajo serio y responsable. Esta exigencia mayor no guarda correspondencia con mejoras en las condiciones en las que la autoridad ambiental de cada sector ejerce su función.
3. Creemos insuficiente la obligación de señalar sólo términos de referencia comunes para la elaboración de los EIA obviando el establecimiento de términos de referencia específicos, los cuales son necesarios en cada proyecto debido a la complejidad y diversidad del territorio peruano.
4. Asimismo, consideramos preocupante que, en estas condiciones, se prohíba, a las entidades que emiten opinión técnica, pronunciarse sobre aspectos no contemplados en los términos de referencia comunes y que pueden ser importantes para la toma de decisiones. Más grave todavía nos parece, que los funcionarios de dichas entidades sean pasible de sanción por pronunciase sobre ellos y que la autoridad que dirige el proceso de aprobación del EIA tenga que desestimar sus comentarios u observaciones.
5. El Estado con ello demuestra que no le importa proteger el patrimonio natural y cultural de la nación ni los derechos de las poblaciones locales, como tampoco prevenir daños, su interés está principalmente centrado en facilitar la aprobación de los EIA, convirtiéndolos, en la práctica, en una mera formalidad.
6. También, resulta preocupante que el plazo para el procedimiento de obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos sea solo de 20 días, sancionando al Estado con la aprobación del mismo, en caso que la autoridad no se pronuncie dentro del plazo establecido. Nos parece que la sanción que se impone al Estado va en contra los intereses de todos los peruanos, ya que se puede poner en riesgo restos arqueológicos al considerar que en un lugar éstos no existe, cuando en realidad si los hay.
7. Consideramos que estas y otras medidas adoptadas requieren ser discutidas porque van contra una visión de desarrollo de largo plazo, centrada en las personas y en su bienestar. Es arbitrario, decidir aspectos fundamentales de nuestra vida en común sin considerar a todos los actores concernidos, más aún cuando con ello se afectan derechos.
