CHILE Y EL CASO PASCUA LAMA
Escribe: José De Echave C.
El pasado 10 de abril, la justicia chilena tomó la decisión de suspender el mega-proyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina y uno de los más importantes emprendimientos mineros a nivel mundial.
Hace unos días,
el 3 de junio, la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile ha multado a la
empresa con una cifra histórica -16,4 millones de dólares- por “incumplimientos
gravísimos” y ha confirmado la paralización del proyecto minero.
Las faltas graves cometidas por Barrick y que han
sido identificadas por las autoridades chilenas, van desde “no haber construido
obras asociadas al sistema de manejo de aguas de contacto y no contacto, que debían
estar implementadas en forma previa a las faenas de excavación” hasta no haber
entregado información verídica sobre las características del proyecto.
Desde sus inicios, el proyecto Pascua Lama
desencadenó serias controversias en ambos países. En primer lugar porque su
desarrollo afectaba a todo un ecosistema de glaciares y periglaciares así como
las nacientes de aguas que abastecen a poblaciones del Valle del Huaso en Chile
y de la provincia de San Juan en Argentina. Fue el caso de Pascua Lama que dio
origen a la ley de protección de glaciares aprobada en Argentina.
Ahora bien no está demás preguntarnos si algo
similar podría pasar en el Perú. ¿Podemos imaginar a la justicia peruana o a
nuestras autoridades ambientales tomando una decisión que paralice una
inversión superior a los ocho mil millones de dólares y que además le impone
una multa histórica a la empresa minera? ¿Cuáles serían las reacciones de las
empresas y sus periodistas? ¿Nuestras autoridades se mantendrían firmes frente
a las enormes presiones que se desatarían? ¿No nos anunciarían acaso que tras
una decisión similar las inversiones huirían despavoridas del país (seguramente
a Chile)?
Por el momento podemos testimoniar que en nuestro
país, a una de las empresas más contaminadoras del planeta, Doe Run, se la
premió con dos ampliaciones del plazo para que cumpla con sus obligaciones
ambientales y otros beneficios más y hasta ahora no ha cumplido. Además,
nuestros sistemas de fiscalización y evaluación ambiental siguen siendo
precarios, totalmente permisivos y peor aún, el reciente paquete de medidas
para acelerar las inversiones los hace más vulnerables.
Se sigue pensando equivocadamente que para atraer
inversiones hay que mantener una gestión ambiental laxa y que hay que dejar
hacer y dejar pasar. De esta manera se mantiene el estatus quo ambiental y se
da un pésimo mensaje a los inversionistas.
