Escribe:
José De Echave C.
El caso Conga ha entrado a un momento de marchas y contramarchas que generan más desconcierto que certezas. Algunos hechos: el gobierno ha ampliado el estado de emergencia y la respuesta inmediata desde Cajamarca ha sido la interrupción del proceso de diálogo que se había iniciado con el apoyo de los facilitadores, Monseñor Cabrejos y el Padre Garatea.
El caso Conga ha entrado a un momento de marchas y contramarchas que generan más desconcierto que certezas. Algunos hechos: el gobierno ha ampliado el estado de emergencia y la respuesta inmediata desde Cajamarca ha sido la interrupción del proceso de diálogo que se había iniciado con el apoyo de los facilitadores, Monseñor Cabrejos y el Padre Garatea.
Por lo tanto todo el esfuerzo desarrollado
por los dos sacerdotes se ha tirado por la borda por una sugerencia que
aparentemente ha venido de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) que, no
debemos olvidar, en la actualidad está dirigida por una persona que ha
trabajado en los últimos veinte años con empresas mineras precisamente temas de
seguridad(1).
Monseñor Cabrejos y el Padre Garatea han
solicitado al gobierno revocar la decisión para recuperar un clima de
confianza mutua. Igualmente, han pedido a las autoridades y las organizaciones
sociales de Cajamarca el cese de cualquier acción de fuerza.
Lo cierto es que la situación en torno a
Conga necesita sincerarse. ¿Qué es lo que se puede esperar en el corto y
mediano plazo? ¿Qué nos dicen situaciones similares ocurridas en el país en la
última década? En primer lugar, casos de conflictos emblemáticos que han pasado
por situaciones de polarización extrema como la de Conga, muestran que es
prácticamente imposible no hablar de una postergación indefinida del proyecto
minero. Ocurrió en Tambogrande, Quilish, Río Blanco/Majaz, Tía María y Santa
Ana en Puno, para citar solo algunos casos en los que los proyectos entraron en
compás de espera sin fecha determinada.
La situación de polarización extrema es el
principal indicador que el proyecto minero no cuenta con lo que las propias
empresas denominan como “licencia social para operar”. Para Pierre Lassonde, ex
presidente de la Newmont, la “licencia social es la aceptación y la creencia
por la sociedad y específicamente de nuestras comunidades locales en el valor
de la creación de nuestras actividades, hasta el punto de que estamos
permitidos acceder y extraer el mineral”. Esto que señala el ex directivo de
Newmont no se da en el caso de Conga.
No van a ocurrir milagros en Cajamarca. Hay
que sincerar la situación en Conga y comenzar a discutir los temas de fondo que
están a la base del conflicto minero en Cajamarca.
(1) El actual jefe de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) es el Capitán del Ejército en retiro,
Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que se desempeñaba como superintendente de
seguridad de Antamina. Víctor Gómez es compañero de promoción del
presidente Humala.
10
de agosto de 2012
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